La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un veredicto trascendental al respaldar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que establece la obligación para los partidos políticos y alianzas de postular al menos cinco mujeres para las nueve gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2024.
La propuesta fue aprobada con los votos a favor de las magistradas Janine Otálora y Mónica Soto, junto con el respaldo del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. En contraste, los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes se manifestaron en contra de esta medida.
La mayoría del pleno rechazó el proyecto del magistrado De la Mata, quien argumentaba que el INE había excedido sus facultades al imponer esta regla y que la legislación local en Yucatán ya abordaba el tema de la paridad de género, lo que lo llevó a proponer que, en lugar de cinco, se exigieran solamente cuatro candidatas en las otras ocho entidades federativas.
De igual forma, la Sala Superior revocó la impugnación presentada por Movimiento Ciudadano (MC), que sostenía que el INE había excedido su jurisdicción y que estaba interfiriendo en el derecho de autogobierno de los partidos políticos.
El pleno de la Sala Superior del TEPJF validó el acuerdo en materia de paridad de género del Consejo General del INE, por el que ordenó a los partidos y coaliciones a postular al menos a cinco mujeres a las ocho gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
A pesar de reconocer que el INE carece de la autoridad constitucional para establecer reglas de paridad de género en estados sin regulación específica, los magistrados coincidieron en que la institución tiene la capacidad de tomar medidas para asegurar que se cumpla el criterio a favor de las mujeres.
Esta resolución representa un paso clave para la paridad de género en la política mexicana y destaca la importancia de incrementar la representación femenina en los puestos de liderazgo.
Aunque algunos argumentaron que estas decisiones deberían ser prerrogativa de los congresos locales, el tribunal destacó la relevancia de garantizar una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas a nivel estatal.
