Cuando la pandemia de la Covid-19 dio tregua, Emma pudo regresar a su oficina del Instituto de la Defensoría Pública de Puebla -hoy integrado al Poder Judicial del estado- para encontrarse con las secuelas del confinamiento. La violencia desatada dentro de muchos hogares, ya tenía víctimas.
Las huellas que los feminicidios dejan en los familiares de las víctimas, además de un incremento en los casos de guarda y custodia por la separación de parejas con hijos, son solamente algo de lo que el coronavirus dejó en los hogares poblanos.
Emma Cruz Velazco es defensora pública y se encarga de ayudar a quienes sufren de agresiones de todo tipo por parte de sus familiares, al grado de estar en peligro su propia vida.
Desde esa posición, tiene que enfrentarse a las agresiones que sufren decenas de personas, principalmente mujeres, a manos de quienes consideraban personas de confianza.
Realizar el trabajo no es sencillo. Y es que esta abogada observa de cerca la violencia, aunque siempre del lado de quienes son agredidos y necesitan de las autoridades encargadas de impartir justicia.
Constante capacitación jurídica y psicológica para tratar a las víctimas, junto con una desarrollada sensibilidad para escuchar y ayudar, son lo que le han ayudado a mantenerse en servicio desde 2020.
“Las mujeres están preocupadas, afligidas por denunciar (…) tienen mucho miedo de expresar su situación”, recuerda Emma sobre algunas de las principales características de quienes se le acercan para recibir ayuda.
Hora de entrada
El trabajo de defensora pública es uno de esos que tienen hora de entrada, pero no de salida.
Entre lunes y viernes, Emma llega a su oficina a las 8:00 horas y, aunque debería marcharse a las 16:00 horas, la dinámica de su labor se lo impide.
Audiencias, realización de escritos, revisión de documentos, atención a personas y cualquier otro contratiempo, alargan la jornada. “Nos vamos a veces hasta que nos corren del Tribunal (Superior de Justicia)”, acepta con una risa de satisfacción.
Al mes, esta defensora pública atiende a cerca de 60 personas. Se trata de casos que le llegan prácticamente de todos lados, desde los que se apersonan en el Instituto de la Defensoría Pública hasta los que son enviados por la Fiscalía General del Estado, el DIF, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Puebla, entre otros.
Capacitación
Desde su puesto, Emma no solamente defiende y brinda acompañamiento a las víctimas, también capacita a las mujeres que habitan en los 50 municipios del estado de Puebla que, desde abril de 2019, tienen declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).
En esos lugares escucha los temores de ellas, de cómo han sido agredidas por años sin poder alzar la voz, y también quejas por falta de atención de las autoridades locales.
Es en esos momentos donde la abogada también aprende a detectar las necesidades de la gente, sus preocupaciones y la forma en que puede prestarles apoyo como defensora pública.
Cambios
Con la reforma al sistema de justicia de Puebla, impulsada por el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, el Instituto de la Defensoría Pública dejó de depender de la Secretaría de Gobernación estatal para ser parte del Poder Judicial.
El cambio se nota en la creación de un reglamento, la mejoría en la atención a las víctimas y mayor cercanía con los jueces, acepta Emma.
No es que los casos se resuelvan más rápido, es que ahora hay más sinergia para ayudar a la gente, detalla.
A pesar de lo difícil de su trabajo, la abogada Cruz Velazco considera que siempre son más las satisfacciones que los sacrificios demandados en la defensoría pública.
