Por unanimidad de los 41 diputados integrantes de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, fue aprobada la iniciativa de reforma a la Constitución local, con la cual se transforma el Poder Judicial de Puebla.
La iniciativa contempla dos grandes funciones: la jurisdiccional y la de gobierno. Dentro de la primera está la actividad del Honorable Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa y en los Juzgados.
Por otra parte, el gobierno recaerá en el Consejo de la Judicatura, el cual, entre otras funciones, tendrá las de representación legal del Poder Judicial, rectoría de la carrera judicial, administración, vigilancia, evaluación del desempeño y disciplina, así como la coordinación del Instituto de Defensoría Pública y de la Escuela Estatal de Formación Judicial.
La Sala Constitucional conocerá, entre otras, de las acciones de inconstitucionalidad; de las acciones que promuevan integrantes de los ayuntamientos en contra de normatividad municipal; de las controversias que se susciten entre poderes, ayuntamientos, municipios y órganos autónomos; de la acción de tutela; de acciones por omisión legislativa.
Esta reforma al Poder Judicial establece que los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura tendrán diferentes presidentes que no podrán ser reelectos más allá de su periodo de 4 años, lo que permite un balance, equilibrio y renovación institucional; que los magistrados ya no serán vitalicios, sino que durarán en su cargo 15 años; obliga a los servidores públicos a presentar declaración pública de intereses respecto de vínculos con otros integrantes del Poder Judicial; a observar reglas de contacto para transparentar su actuación; a mantener una permanente actualización, entre otras.
Los transitorios de la iniciativa establecen que el Congreso tendrá un plazo de ciento veinte días para expedir la Ley de Carrera Judicial del Estado, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia del Estado y la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución del Estado.
El Consejo de la Judicatura será el encargado de la implementación de esta trascendental reforma, así como el responsable de la coordinación institucional, operatividad y procesos, informando mensualmente al Congreso del Estado sobre los avances en el cumplimiento de su implementación.
La aprobación de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial enmarcará la transformación en el sistema de justicia de Puebla, estableciendo así una nueva estructura que tendrá como fin generar condiciones de imparcialidad, honestidad y equidad para las y los poblanos.
