• 05 de Mayo del 2024

Arturo Rueda tramita amparos a través de Ignacio Mier

Busca eludir la prisión preventiva oficiosa, a la cual se encuentra sujeto por el delito de extorsión

 

Mario Alberto Mejía e Ignacio Juárez / Hipócrita Lector

Como parte de la estrategia jurídica ante la detención de José Arturo Rueda Sánchez de la Vega por el delito de extorsión, sus abogados e Ignacio Mier Velazco, su socio en la empresa Multisistema de Noticias Cambio —investigada por lavado de dinero y evasión fiscal— presentaron dos amparos en los que aluden supuesta violencia psicológica, física, incomunicación y hasta “desaparición forzada”.

El propio Rueda Sánchez de la Vega presentó el recurso 544/2022, ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en el que adujo que entre las causas de la violencia psicológica que ha sufrido está la negativa de los agentes de la Fiscalía General del Estado de devolverle sus tres teléfonos celulares que, desde su punto de vista, pone en riesgo su “actividad periodística”.

Para justificar el amparo de la justicia federal, el director de Diario Cambio dijo haber sido “golpeado, incomunicado y torturado psicológicamente” por los integrantes de la Fiscalía General del Estado.

En la resolución del Juez Quinto se revela que Rueda se dijo víctima de “incomunicación, tortura, golpes, malos tratos, amenazas y desaparición forzosa; falta de atención médica; así como la privación de la libertad sin orden judicial y fuera de procedimiento”.

En una carta redactada con su puño y letra, Arturo Rueda justificó la agresión física con un hematoma que tiene en la cara, el cual le fue causado al momento de la detención. 

Adujo que la incomunicación se debe a que fue detenido a las 17 horas del sábado pasado, pero fue presentado ante el juez de lo Penal de Cholula hasta las 13 horas del día siguiente; además de que en ese lapso no se le permitió tener contacto con sus abogados o familiares. 

También dijo que, durante el traslado de la Ciudad de México a Puebla, fue “torturado psicológicamente”. 

Esta fue su justificación: “Pregunté a qué autoridad sería remitido y me dijeron que a ninguna, que me iba directo al penal de Tepexi, y reían entre ellos contando lo difícil que era estar ahí”. 

En otra parte del recurso de amparo, Arturo Rueda aseguró que los agentes le confiscaron tres teléfonos celulares con los que -dijo- realiza su “actividad periodística”. Los aparatos, afirmó, deberían haber sido entregados a su pareja.

Uno de los agentes le pidió en “tres o cuatro” ocasiones la clave de uno de los aparatos, bajo el argumento de que “era por su bien”, ya que así podían comunicarse con sus abogados o familiares.

“REFERÍ QUE ME SABÍA EL NÚMERO DE MI ABOGADO, Y DE MI FAMILIA, QUE PARA QUÉ NECESITABA EL ACCESO A MI TELÉFONO Y DIJO QUE ERA POR MI BIEN TRES O CUATRO VECES, LO QUE ME HACE TEMER POR MI ACTIVIDAD PERIODÍSTICA AL REVELARLE MI FUENTE”.

Eso, para Rueda, es una forma de tortura psicológica.

En los estrados electrónicos del Juzgado Quinto de Distrito también aparece el juicio de amparo 546/2022 que fue presentado por Ignacio Mier Velazco en beneficio de su socio José Arturo Rueda Sánchez de la Vega.

El líder de la bancada de Morena en San Lázaro replicó en su escrito que su socio había sido víctima de “incomunicación, tortura, golpes, malos tratos, amenazas y desaparición forzosa; falta de atención médica; así como la privación de la libertad sin orden judicial y fuera de procedimiento”.

Y las autoridades involucradas eran: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal; el fiscal General del Estado de Puebla; el subdirector de la Policía Procesal en el Centro de Justicia de la Ciudad de Puebla; el jefe de Grupo en turno de la Policía Procesal en el Centro de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla; el director del Centro Penitenciario de Puebla; y el director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla.

El Juez Quinto de Distrito tomó la decisión de acumular los expedientes (544/2022 y 546/2022) y fijó para el 16 de junio próximo la audiencia constitucional, en la que se resolverá el fondo del recurso.