La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó sancionar a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la administración de Enrique Peña Nieto, con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
A través de un comunicado, la dependencia precisó que la decisión s etomó luego de que se acreditara la falta de verecidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, periodo en el que se desempeñó como integrante del gabinete de Peña Nieto.
Videgaray fue noticiado por la Función Pública desde el 11 de mayo; sin embargo, el anuncio se postergó por la veda electoral con respecto a las acciones de comunicación por parte de la Administración Pública Federal.
“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público”, añadió.
Videgaray Caso negó que haya falseado información en sus declaraciones patrimoniales e impugnará la suspensión por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública.
Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, el exfuncionario indicó que la suspensión se debió a tarjetas de crédito, que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de cada declaración.
El exfuncionario señaló que la supuesta falsedad en sus declaraciones patrimoniales se debió a tarjetas de crédito sin saldo que no declaró en el área de pasivos, sino en otra sección del documento.
Videgaray explicó que no declaró las tarjetas en el apartado de pasivos, pues no tenían saldo deudor; sin embargo, sí especificó la existencia de dichos plásticos bancarios en la declaración pero en otro apartado.
“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente (Andrés Manuel) López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la SFP y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”, dijo.
La SFP respondió mediante un comunicado en el contradice los dichos de Videgaray Caso, pues aseguró que las cuentas fueron ocultadas en la declaración y sí contaban con saldo durante el periodo que tuvo la obligación de informar.
“La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años señalados.
“Para la inhabilitación por 10 años se aplicó la LFRASP en un procedimiento sancionador administrativo culminado; no se trata de una mera acusación”, señaló la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval.
La Función Pública también dijo que da la bienvenida a la impugnación que Videgaray Caso adelantó que presentará para echar atrás la suspensión que le impide ocupar cualquier cargo público a lo largo de una década.
