Ciudad de México. -En una sesión marcada por tensiones y reproches entre aliados, el Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como “Plan B”, pero lo hizo con una modificación clave que evidenció fracturas dentro del bloque oficialista: la exclusión de los cambios en materia de revocación de mandato.
El dictamen alcanzó la mayoría calificada con 87 votos a favor y 41 en contra, lo que permitió su aprobación tanto en lo general como en lo particular. Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando el Partido del Trabajo (PT) presentó una reserva para eliminar las modificaciones al artículo 35 constitucional, relacionadas con la revocación de mandato. La propuesta fue aceptada por el Pleno.
Con esta decisión, la figura de revocación se mantiene en sus términos actuales, fuera de los ajustes contemplados en la reforma. Para algunos legisladores, este movimiento representó un giro inesperado de uno de los partidos aliados del oficialismo.
No obstante, voces dentro y fuera del Senado interpretaron la acción como una ruptura política. Legisladores señalaron que el PT terminó coincidiendo, en este punto, con las posiciones de la oposición integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, lo que generó críticas sobre una “traición” y un distanciamiento respecto a la agenda presidencial.
El dirigente del PT, Alberto Anaya, buscó contener las lecturas de ruptura al asegurar que su partido acompañó la reforma en lo general y que la coalición gobernante se mantiene firme. “Nos separamos únicamente en lo referente al artículo 35”, puntualizó, reiterando el respaldo a la presidenta y a la alianza rumbo a los próximos procesos electorales.
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, también rechazó que el resultado represente un fracaso. Afirmó que, pese a las diferencias, se logró avanzar en una transformación estructural del sistema político y destacó que la coalición ha permitido reformar más de un centenar de artículos constitucionales.
La reforma aprobada incluye cambios en la integración de ayuntamientos, límites al gasto de congresos locales y topes salariales para autoridades electorales, así como un ajuste progresivo al presupuesto del Senado. Sin embargo, la exclusión de la revocación de mandato se perfila como el punto más polémico y políticamente significativo del debate.
