Un caso de presunta revictimización ha sacudido a Querétaro: la Fiscalía estatal busca encarcelar a una niña de catorce años que sufrió un aborto espontáneo después de haber sido abusada sexualmente. Las redes sociales estallaron en protestas y señalamientos hacia la Fiscalía, encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien ha solicitado el ingreso de la menor al Centro de Reinserción Social para Adolescentes, además de una "reparación de daños" de más de 518 mil pesos en favor del presunto agresor, otro menor de edad.
El caso ha generado indignación generalizada y abierto un debate nacional sobre el trato hacia las víctimas de violencia sexual en México, así como sobre la interpretación de la ley por parte de las autoridades queretanas. Hernández, quien asumió el cargo de fiscal en agosto de 2024, enfrenta un alud de críticas tanto por su manejo del caso como por la falta de perspectiva de género en sus decisiones. En su trayectoria, fue consejero en el Consejo de la Fiscalía y Consejero Jurídico del gobernador Mauricio Kuri, además de contar con estudios en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y posgrados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Activistas y organizaciones reaccionan ante un trato "inhumano"
La defensora de derechos humanos Mayra Dávila, del colectivo Adax Digitales, calificó la acusación de homicidio contra la niña como "inhumana y ajena a su condición de víctima". De acuerdo con Dávila, la menor desconocía su embarazo hasta que sufrió el aborto, por lo que procesarla penalmente constituye un acto de revictimización. Señaló también la falta de empatía en el actuar de la Fiscalía, que ha seguido adelante con la acusación a pesar de las circunstancias de abuso sexual previas al aborto.
Desde el inicio del proceso, la menor ha sido retirada de la escuela debido a la presión y el impacto del proceso judicial en su vida diaria. Este contexto ha evidenciado los fallos estructurales en el sistema de justicia mexicano, que, según activistas, con frecuencia criminaliza a las víctimas en lugar de protegerlas y reparar el daño.
El rol del fiscal Hernández y sus decisiones bajo escrutinio
Víctor Antonio de Jesús Hernández, responsable de la Fiscalía queretana, asumió el cargo con antecedentes en la política local y en el ejercicio de funciones clave dentro de la administración estatal. Además de haber trabajado en el gobierno, fue notario y titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno. En este contexto, sus decisiones en el caso han suscitado críticas por parte de la sociedad civil y de especialistas en derechos humanos que exigen una revaloración de la postura de la Fiscalía en temas de violencia de género.
El fiscal ha mantenido su postura sobre el caso, afirmando que el aborto espontáneo debe tratarse como un homicidio. Sin embargo, diversas voces de la sociedad han rechazado esta interpretación, alegando que no sólo es insensible, sino que también podría sentar un precedente peligroso para futuras víctimas de abuso sexual. A pesar de la presión social, Hernández no ha manifestado intención de reconsiderar su acusación.
Contexto de derechos reproductivos y violencia de género en México
Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han exigido una revisión exhaustiva de la denuncia. Advirtieron que casos como el de esta niña de catorce años refuerzan la urgencia de despenalizar el aborto en México, además de señalar la falta de protocolos específicos de protección para menores víctimas de violencia sexual. Según estas agrupaciones, el sistema judicial debería enfocarse en garantizar justicia para quienes sufren abusos, en lugar de someter a las víctimas a procesos que las criminalizan.
La indignación ciudadana y la presión mediática sobre este caso particular han intensificado la discusión sobre los derechos reproductivos en el país, en un contexto en el que la justicia sigue siendo inaccesible para muchas víctimas de violencia sexual y donde la protección a sus derechos aún enfrenta obstáculos.
