El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le señala que “de existir elementos” se abrirá una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó la reforma eléctrica.
En respuesta a una misiva en la que el mandatario solicitó al ministro que inicie una investigación sobre la gestión del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó un amparo para frenar la nueva Ley de la Industria Eléctrica.
“Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la judicatura Federal (CJF) para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”.
El documento difundido por el CJF, el titular del máximo tribunal del país le recalcó a López Obrador que el CJF tiene como obligación garantizar que juezas y jueces actúen en un marco de autonomía e independencia para afianzar que cumplan sus funciones.
“Corresponde al Consejo de la judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda”, indica.
Durante la conferencia matutina, López Obrador, pidió al presidente del CJF, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se investigue si el Juez Segundo en Materia Administrativa actuó de manera adecuada al otorgar el amparo.
El presidente dio a conocer una carta una carta en relación a la actuación del juez que concedió una suspensión de "manera veloz" apenas 24 horas después de su entrada en vigor, pues éste se especializa en materia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"En atención al principio de separación de poderes le solicito que el Consejo determine e informe si la autordidad le correspondía aplicar o no de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia".
Alrededor de este asunto, expuso, hay personas y empresas afines al antiguo régimen de pensamiento conservador como Claudio X. Gozález y el exministro José Ramón Cossío, quien legalizó injusticias de grupos minoritarios y guardó silencio cómploce ante corruptelas y arbitrariedades.
“Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos defendiendo la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues quienes hoy invocan este principio son quienes han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la constitución y de las leyes de al república”, dijo.
