A pesar de los avances, la situación de los migrantes LGBT en México sigue siendo precaria. La discriminación y la violencia no cesan al cruzar fronteras, y la falta de mecanismos de protección adecuados agrava la vulnerabilidad de esta población.
La implementación de medidas concretas por parte de los gobiernos es crucial para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas LGBT migrantes, ofreciendo un entorno más seguro y respetuoso de sus derechos.
En 2017, Amnistía Internacional informó que dos tercios de las personas LGBT refugiadas de Centroamérica habían sufrido violencia sexual y de género en México. Este alarmante dato subraya la vulnerabilidad extrema de esta población en su tránsito migratorio.
A pesar de los compromisos internacionales asumidos por los Estados en materia de derechos humanos, la violencia hacia la población LGBT migrante no se detiene al cruzar una frontera. Los instrumentos de protección varían significativamente en la región, exacerbando su situación.
Cuando los Estados se suman a tratados internacionales, asumen obligaciones que deben cumplir en cuanto al derecho internacional de derechos humanos. Según la ONU, “todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos, y 80 por ciento de ellos ha ratificado al menos cuatro de ellos”.
Esto implica que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, proteger a individuos y grupos contra abusos, y tomar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.
Sin embargo, en la práctica, estos compromisos no siempre se traducen en protección efectiva. Mientras Belice penaliza la homosexualidad, El Salvador y Honduras carecen de mecanismos de protección para personas LGBT. Aunque Ciudad de México reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, Amnistía Internacional reporta que la mayoría de las personas LGBT que migran del Norte de Centroamérica a México continúan sufriendo altos índices de discriminación y violencia por parte de civiles y autoridades. Costa Rica admite el aseguramiento de parejas del mismo sexo y permite el beneficio de la pensión por viudez, mientras que Nicaragua penaliza la discriminación contra personas LGBT y cuenta con una Procuraduría de la Diversidad Sexual.
HISTORIAS DE LUCHA Y SUPERVIVENCIA
Teresa, una mujer trans, migró de San Pedro Sula, Honduras, donde era activista por los derechos humanos de la comunidad LGBT. Su lucha fue mal vista por un grupo armado que comenzó a amenazarla, obligándola a huir. Teresa contó a IMER Noticias que, durante su travesía hacia México, fue acosada sexualmente en el autobús de Honduras a Guatemala y temía ser secuestrada por alguna organización criminal.
En Tapachula, Chiapas, Teresa encontró refugio en Casa Frida, donde recibe techo, comida y terapias psicológicas para superar las secuelas emocionales de su experiencia. Sin embargo, aún no ha podido buscar trabajo formalmente debido a la falta de documentos que la acrediten como refugiada.
Ezequiel, junto con su pareja Alejandro, huyó de Colombia por discriminación. En su camino a Estados Unidos, fueron interceptados y secuestrados por un grupo armado que los retuvo y abusó sexualmente de ellos. Tras ser liberados, llegaron a Ciudad de México, donde Ezequiel permanece en un campamento migrante, ganándose la vida limpiando vidrios de autos mientras espera su cita de asilo.
MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN
De acuerdo con la ONU, para enfrentar la discriminación y violencia contra personas LGBT migrantes, los gobiernos pueden adoptar varias acciones concretas:
- Desarrollar estudios estatales específicos sobre el tema: La recolección de información permite identificar las necesidades de esta población y brindarles una asistencia diferenciada y adecuada.
- Facilitar información sobre instrumentos y derechos a la población involucrada: El desconocimiento de los derechos a los que pueden acceder dificulta que estas personas puedan exigir protección ante las autoridades.
- Reconocer los crímenes de odio: Al solicitar asilo por situaciones de violencia de género o crímenes de odio, el Estado receptor debe ofrecer protección adecuada. No reconocer estos crímenes como una razón válida pone en riesgo la vida de la persona solicitante.
- Capacitar contra la discriminación a funcionarios públicos y oficiales de migración: La capacitación y sensibilización del personal es crucial para una adecuada atención de la población LGBT, facilitando su acceso a servicios públicos de manera libre y segura. Ningún caso de discriminación o crimen debe ser invisibilizado ni quedar impune.
- Promover albergues seguros: Los albergues deben garantizar la seguridad de las personas LGBT, lo que implica capacitación y sensibilización del personal, así como la adopción de medidas específicas para proteger a esta población de riesgos de discriminación.
DESAFÍOS ADICIONALES
Shirley, una mujer trans guatemalteca, no ha podido iniciar sus trámites de regularización en México debido a la incongruencia entre la fotografía de su pasaporte y su identidad actual. Esto la ha obligado a trabajar en empleos informales con largas jornadas y bajos salarios.
El acceso a la salud es otro reto importante para la población LGBT migrante. La interrupción del tratamiento para personas que viven con VIH es un problema crítico. La Fundación Arcoíris ha elaborado una guía virtual para orientar sobre los centros de atención y organizaciones disponibles para recibir tratamientos contra el VIH.
Raúl Caporal, coordinador de la red de albergues Casa Frida, señala que, a pesar de los avances en materia de salud y legislación, México aún necesita mejorar en sensibilización y combate a la discriminación y la violencia. También es necesario establecer políticas que aumenten el número de albergues y centros de apoyo seguros para la protección de esta población.
