El próximo 29 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto que, de ser aprobado, por primera vez establecería que penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres.
Se trata de la tésis que el ministro Juan Luis González propuso a la Primera Sala, la cual debe confirmar el amparo otorgado por un juez federal de Xalapa, que ordena al Congreso de Veracruz reformar el Código Penal local, para eliminar la sanción a las mujeres por abortar.
El documento sostiene que la prohibición total de la interrupción del embarazo genera discriminación contra las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud.
“Las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal", añade.
Para que dicho proyecto sea aprobado se requiere el voto de tres de los cinco ministros de la Primera Sala; esto permitiría llevar a juicio los códigos de los estados que aún castigan la interrupción del embarazo.
Hasta ahora, sólo en Ciudad de México y Oaxaca las causales para la interrupción volunatria del embarazo está contemplada en los códigos penales.
En marzo de 2018 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó a México armonizar la legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, con el fin de eliminar la criminalización de la mujer en las entidades federativas respectivas.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2015 y 2019 las carpetas de investigación por aborto aumentaron 16.8 por ciento. El año pasado fueron abiertas 622 procedimientos por interrupción del embarazo.
