Una jueza federal determinó que ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, lleven su proceso en libertad.
Lo anterior fue determinado por la jueza federal Raquel Ivette Duarte, con sede en Toluca, Estado de México, quien además les fijó tres medidas cautelares: pagar una garantía de 50 mil pesos, presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, además de la entrega de su respectivo pasaporte para evitar que salgan del país.
Quienes se vieron beneficiados con esta medida son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Los ochos militares se encontraban presos desde junio del año pasado en la cárcel que se encuentra ubicada en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, quienes estaban señalados por autoridades federales por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas.
En un comunicado oficial, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Covaj, enfatizó que la determinación adoptada no exonera a los miembros de las Fuerzas Armadas de los cargos que enfrentan, subrayando que permanecerán sujetos a proceso hasta que se dicte la sentencia correspondiente.
La Comisión, en coordinación con la fiscalía especial del caso, se compromete a agotar todas las instancias legales y seguir el debido proceso para garantizar el cumplimiento del principio de cero impunidad en este caso que ha causado profundo dolor a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México.
Sin embargo, la decisión de liberar a los militares acusados en el caso Ayotzinapa ha generado condena por parte del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). La organización, que ha estado acompañando y asesorando a los padres de los estudiantes desaparecidos, expresó su pesar a través de sus redes sociales (@CentroProdh), señalando que la liberación de los acusados es indicativa de que el caso se está desmoronando.
En su comunicado, el Centro Prodh resalta las decisiones parciales de los jueces, subrayando la inoperancia de la Fiscalía especial y señalando la intervención de la Sedena, que proporciona asistencia legal y apoyo a los acusados. Estas circunstancias, según la organización, contribuyen al debilitamiento del proceso judicial.
La situación actual evidencia la complejidad y la sensibilidad del caso Ayotzinapa, donde la lucha por la verdad y la justicia sigue siendo un desafío, afectando no solo a los involucrados directos, sino también a la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de administrar justicia.
