El Instituto Nacional de Migración (INM) de México ha emitido una circular, fechada el 1 de diciembre, anunciando la suspensión de las deportaciones de migrantes a sus países de origen y la interrupción de la transportación terrestre para el traslado de migrantes irregulares.
La falta de recursos, derivada de la suspensión de pagos por parte de la Secretaría de Hacienda en noviembre, ha llevado a la adopción de estas medidas, según confirmó Francisco Garduño, titular del INM.
La decisión ha generado consecuencias inmediatas en diversos puntos del país. En Piedras Negras, Coahuila, el cierre del puente Internacional 1, causado por la llegada masiva de migrantes, ha provocado tensiones con las autoridades estadounidenses.
En Ciudad Juárez, la ausencia de presencia oficial mexicana ha permitido que los migrantes busquen cruzar la frontera de manera irregular, exacerbando la preocupación de las autoridades locales.
En Matamoros, Tamaulipas, aproximadamente 3 mil migrantes se encuentran varados, con 72 por ciento de ellos de origen venezolano, según datos de la organización Ayudándoles a Triunfar. La situación se complica por la falta de recursos federales para abordar la creciente crisis humanitaria.
El impacto se extiende al sur del país, donde la suspensión de deportaciones ha generado un aumento de migrantes en el Istmo de Tehuantepec, con el Centro de Movilidad Migratoria de Juchitán, Oaxaca, atrayendo a migrantes a pesar de su anunciado cierre. La falta de recursos impide que el INM realice operativos, aumentando la preocupación por un posible desborde de la situación.
La orden del INM también ha afectado la actividad de la policía de Campeche, que ha recibido órdenes de no detener a migrantes sin fundamento y abstenerse de acciones de verificación migratoria. Esta medida se suma a la suspensión temporal de ciertos pagos a funcionarios y citas para controles de confianza.
La falta de liquidez del INM podría aumentar la dependencia de la Guardia Nacional para gestionar la migración, aunque expertos señalan que esa fuerza no está plenamente preparada para asumir esta responsabilidad.
En el contexto de un año récord en el flujo migratorio hacia Estados Unidos, con casi 590 mil migrantes interceptados en México de enero a octubre de 2023, la suspensión de deportaciones podría tener consecuencias significativas.
Aunque las cifras de solicitudes de asilo en México también han alcanzado un récord, con casi 137 mil registradas de enero a noviembre, la falta de deportaciones podría impactar negativamente en la gestión de la crisis migratoria en la región.
Además, la suspensión de deportaciones ha llevado a un desplazamiento de migrantes hacia zonas turísticas, como Quintana Roo, donde se ha observado un aumento en la presencia de migrantes, incluyendo personas de la India, buscando oportunidades laborales en el sector turístico.
