Un juez federal emitió una suspensión provisional que detiene la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuyos fondos ascienden a más de 15 mil millones de pesos.
Esta medida impide, por el momento, la transferencia de estos recursos a la Tesorería de la Federación, como lo establece la reforma aprobada por el Congreso de la Unión.
La decisión fue tomada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, en respuesta a un amparo promovido por la magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo en dicho estado, María del Carmen Cordero.
El fallo del juez ordena que la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, SHCP y Tesofe se abstengan de aplicar las consecuencias de la disposición que busca eliminar los fideicomisos. De esta manera, los fideicomisos continúan operativos en relación con su finalidad original.
La suspensión provisional estará vigente hasta el 9 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo una audiencia incidental para determinar si se concede la suspensión definitiva. El Gobierno Federal aún puede impugnar esta decisión, lo que llevaría a su revisión por un Tribunal Colegiado.
Esta medida legal es el resultado de amparos presentados tanto por trabajadores del Poder Judicial como por diversas organizaciones y asociaciones civiles contra la extinción de los fideicomisos.
Además, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, aceptó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar los recursos disputados a los damnificados del huracán Otis en Guerrero, aunque insistió en garantizar los derechos laborales de los empleados.
El presidente López Obrador sugirió que el dinero de los fideicomisos eliminados se destine a apoyar a las personas afectadas por el huracán Otis, aunque señaló que se requerirán pasos posteriores, como la publicación de la Ley de Ingresos y el presupuesto, antes de llegar a un acuerdo definitivo con el Poder Judicial.
En medio de este conflicto legal sobre el destino de los recursos, se espera que las partes involucradas sigan buscando soluciones y acuerdos en beneficio de los damnificados y de los empleados del Poder Judicial.
