La Presidencia de la República acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar con irresponsabilidad por la “filtración” de un proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán que propone invalidar la primera parte del plan ‘B’ en materia electoral.
A través de su Consejería Jurídica, la Presidencia afirmó que la “filtración” de este proyecto constituye un delito, por lo que exigió al máximo tribunal del país que inicie de oficio una investigación interna para deslindar responsabilidades y evitar que haya más conductas ilegales sobre este asunto.
“Por esta razón, se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales”, señala el gobierno de López Obrador.
La Consejería Jurídica de la Presidencia explicó que de conformidad con el Acuerdo General número 18/2006, emitido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada” mientras no se hagan públicos por canales institucionales, por lo que la “entrega clandestina” de este proyecto de sentencia “no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad”.
La Presidencia de la República agregó que la divulgación de un proyecto de sentencia que aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, “viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación” en materia de imparcialidad.
