Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) contra la primera parte del Plan B, la cual incluye reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Se trata de la primera controversia contra el plan B que es admitida a trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay 125 impugnaciones sobre estas reformas a las leyes secundarias.
El decreto impugnado obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia.
