La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declinó revisar el litigio contra seis miembros de la familia Jenkins por el desvío de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins.
Con una votación de tres contra uno, la Corte rechazó la petición del ministro Juan Luis González Alcántara para atraer un amparo en revisión y cuatro recursos de queja, promovidos por los Jenkins y sus abogados, por lo que este caso volverá al décimo tribunal colegiado en materia penal para su resolución.
En junio del año pasado, el máximo tribunal resolvió otro juicio que involucraba a esta fundación, en esa ocasión revocó una sentencia que la obligaba a pagar 447 millones 904 mil 896 pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.
El asunto abordado este miércoles fue promovido por Elodia Sofía de Landa Irizar, Margarita Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Juan Carlos y Roberto Jenkins de Landa, contra la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de reactivar el caso, en julio de 2020, cuando ya se había decidido el no ejercicio de la acción penal, dos años antes.
Esta reactivación del caso permitió que el febrero del año pasado se libraran órdenes de aprehensión contra los seis integrantes de la familia, quienes entonces pidieron a la SCJN atraer su amparo.
Como jurídicamente los quejosos no podían solicitar esta atracción, González Alcántara hizo suya la petición y la presentó ante sus pares de la primera sala, quienes declinaron.
La decisión de la FGR resultó en una orden de aprehensión por lavado de dinero, otra posterior por fraude, y fue la base para una demanda civil del Gobierno de Puebla que le quitó a los Jenkins el control sobre la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ocupada por la Policía estatal en junio de 2021.
En mayo de 2018, la FGR había decretado el no ejercicio de acción penal en la carpeta de investigación contra los Jenkins, quienes fueron denunciados en 2017 por su hermano Guillermo Jenkins de Landa.
Pero el 12 de junio de 2020, cuando Alejandro Gertz Manero ya era titular de la FGR, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos López, reabrió la carpeta y ordenó varias diligencias, entre ellas, una colaboración con Estados Unidos para obtener detalles sobre el portafolios de inversiones de la Fundación Jenkins en ese país, valuado en 228 millones de dólares.
El 18 de febrero de 2021, la FGR judicializó la carpeta ante un juez federal de Almoloya, quien el 24 del mismo mes ordenó la aprehensión por lavado de los Jenkins.
Los Jenkins alegan que FGR actuó ilegalmente al reabrir la carpeta, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que, en casos de no ejercicio de acción penal, el ofendido tiene 10 días para impugnar ante un Juez de Control, que es quien puede resolver si reabre el caso.
