Desde diciembre de 2018, en que ocurrió el accidente del helicóptero donde viajaba la Gobernadora de Puebla y su esposo, la Fiscalía General de la República (FGR), convocó a la Fiscalía del Estado de Puebla para que la investigación correspondiente se llevara en ese estado, con la participación permanente de la FGR, para así mostrar la transparencia y la imparcialidad en ese caso, en el que no estaba aún determinada la federalidad.
Los peritajes técnicos al respecto quedaron a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, dependiente de la Agencia Federal de Aviación Civil.
Dichos dictámenes establecieron las premisas técnicas suficientes para poder obtener la vinculación a proceso de cinco empleados de la empresa que brindaba el mantenimiento de la aeronave accidentada, que fueron acusados por delitos de homicidio y daño en propiedad ajena culposo, que son de competencia local.
El proceso se lleva a cabo en el ámbito judicial del estado de Puebla y la FGR mantiene abierta la investigación correspondiente por algún posible delito federal que pueda surgir durante el proceso del fuero común.
