La Corte Internacional de Justicia (CIJ, máximo tribunal de la ONU), rechazó emitir las medidas provisionales reclamadas por México contra Ecuador a raíz de la invasión de su embajada en Quito por las fuerzas de seguridad, el 5 de abril pasado.
“La Corte considera en forma unánime que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad (…) de indicar medidas provisorias”, leyó el presidente del tribunal, el juez Nawaf Salam.
En su anuncio, la CIJ consideró que las medidas tomadas por Ecuador hasta ahora son “suficientes para garantizar la inviolabilidad de la Embajada de México en Ecuador”.
La Corte también afirmó que Quito otorgó al Estado mexicano el tiempo y las condiciones para retirar el personal y los objetos de la sede diplomática.
No obstante, el tribunal reiteró la importancia fundamental de respetar los principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al afirmar que “no hay requisito previo más fundamental para el desarrollo de las relaciones entre los Estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y de las embajadas”.
El Tribunal se basa especialmente en las garantías dadas por Ecuador, tanto por escrito como durante las audiencias públicas, para concluir que la indicación de medidas provisionales no es necesaria, considerando que dichas garantías son vinculantes y crean obligaciones legales para Ecuador.
Por lo tanto, el Tribunal considera que actualmente no existe urgencia, en el sentido de que no existe un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a los derechos reclamados por México”, se lee en la resolución de la CIJ.
El pasado 5 de abril, fuerzas ecuatorianas fuertemente armadas irrumpieron en la representación diplomática de México y detuvieron al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, que estaba asilado.
La operación provocó la ruptura de relaciones entre los dos países y un pedido urgente presentado por México ante la Corte con sede en La Haya, para que se exija a Ecuador la protección de los archivos de la embajada.
México también solicitó a la CIJ que ordene a Ecuador permitir el desalojo de la embajada y de las residencias privadas del personal diplomático.
Igualmente, pidió que Ecuador se abstenga de cualquier acto que pueda afectar la implementación de las órdenes de la CIJ y de toda “conducta que agrave y amplíe la disputa” entre los dos países.
Ambas naciones presentaron sus alegatos orales ante la CIJ el 30 de abril y el 1 de mayo pasados. En su presentación, la delegación de México sostuvo ante el tribunal de la ONU que la invasión armada a su embajada “debe tener consecuencias”.
“Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República del Ecuador las ha cruzado”, dijo Alejandro Celorio, representante de México en este caso.
A su vez, el agente de la delegación ecuatoriana, el diplomático Andrés Terán Parral, alegó que el asalto a la embajada de México ocurrió “en circunstancias muy excepcionales”.
