En el marco de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente ultraliberal Javier Milei, el Congreso argentino debate leyes complementarias a un controvertido megadecreto de desregulación económica.
El decreto, firmado la semana pasada, enfrenta resistencia por parte de la oposición y centrales obreras que buscan su declaración como inconstitucional.
Este martes, se oficializó la anulación por decreto de los contratos de aproximadamente 7 mil empleados públicos, como parte de una estrategia de reducción del gasto estatal, con la meta de alcanzar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB). El paquete legislativo adicional abordará reformas impositivas, cambios en la ley electoral y ajustes en las funciones del Estado.
El decreto en cuestión abarca más de 300 leyes y ha generado protestas callejeras, reacciones de la oposición y la convocatoria a una manifestación de las centrales obreras. Entre sus disposiciones, limita el derecho a huelga, deroga la ley de alquileres, elimina normas de protección a los trabajadores y de resguardo al consumidor ante aumentos abusivos de precios en situaciones de alta inflación y pobreza.
Además, levanta topes a comisiones bancarias, libera cuotas de seguros de medicina privada, anula la ley de aumentos trimestrales a las jubilaciones y facilita la privatización de empresas públicas y la transformación de clubes deportivos en sociedades anónimas. La justicia ya ha admitido un amparo colectivo de organizaciones civiles contra el decreto.
El partido de Milei, La Libertad Avanza (ultraderecha), cuenta con 40 diputados y siete senadores, mientras que la oposición conserva la primera minoría en ambas cámaras. El presidente busca imponer cambios significativos, incluida una reestructuración en la ayuda social, coordinada por el Ministerio de Capital Humano.
La estrategia, liderada por la ministra Sandra Petovello y el secretario de Desarrollo Social, Pablo de la Torre, pretende dar transparencia a los planes sociales, reducir intermediarios, y orientarlos hacia el trabajo genuino. El gobierno contempla la creación de un Registro Nacional de Hogares unificado, la depuración de planes sociales y la reconversión del programa Potenciar Trabajo en una herramienta de salida laboral genuina.
Además, se apunta a una reorganización de la entrega de alimentos a través de un Registro Nacional de Comedores Escolares. El gobierno busca también el resguardo de embarazadas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, estas medidas enfrentan resistencia y críticas, generando tensiones y manifestaciones en las calles.
En este contexto, la Navidad en Argentina ha sido marcada por la tristeza y la incertidumbre, con el presidente Milei promulgando otro decreto de necesidad y urgencia que dejará sin empleo a más de 7 mil empleados públicos y anticipa la eliminación de empresas públicas en el país. Las medidas impuestas por el gobierno generan cacerolazos y protestas, evidenciando la creciente insatisfacción y descontento social.
