La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Luego de terminar un juicio que duró tres años y medio, que estuvo rodeado de escándalos y denuncias de parcialidad.
El Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
El fallo es histórico porque es la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto es condenado en ejercicio de sus funciones.
Antes fueron sentenciados los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa y el exvicepresidente Amado Boudou, pero ya no ocupaban sus puestos.
La trascendencia del proceso se debe, también, a que Fernández de Kirchner es la figura política más importante del país sudamericano desde que en 2007 se colocó por primera vez la banda presidencial.
De esta forma concluyó un proceso en el que hubo 13 imputados y en el que participaron más de 100 testigos.
La expresidenta estaba acusada de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
Desde el principio del juicio, Fernández de Kirchner aseguró que la condena estaba escrita de antemano porque formaba parte del lawfare (persecución judicial) que se ha llevado a cabo en su contra desde que en 2015 terminó su segunda presidencia y que tiene como único fin proscribirla.
La expresidenta protagonizó lo que se denominó como la Causa Vialidad, ya que se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, ya bajo el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y que investigó 51 contratos de obras públicas que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, ubicada en el extremo sur del país, y que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.
Más allá de la condena, no hay ninguna posibilidad de que Fernández de Kirchner vaya presa. Primero, porque gracias a su cargo como vicepresidenta cuenta con fueros. Por ello, antes debería enfrentar un juicio político para ser destituida del cargo para el que fue elegida y cuyo mandato vence el 10 de diciembre de 2023.
Además, sus abogados apelarán cualquier sentencia de culpabilidad, por lo que el fallo deberá pasar para su análisis a la Cámara de Casación Penal. La última etapa se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia, pero es un proceso que puede demorar varios años.
En el caso de que en las instancias de apelación se confirme la condena, la prisión sería domiciliaria, beneficio que tienen en Argentina aquellos que superan los 70 años de edad.
