• 28 de Marzo del 2024
TGP

Aborto y objeción de conciencia

Ministerio de Justicia de España / Facebook/Ministerio de Justicia de España

 

Obligar a los sanitarios a practicar abortos en contra de su conciencia no debería estar permitido por la justicia

 

 

Alberto Ibarrola Oyón

Escritor


La Iglesia Católica se opone visceralmente a la interrupción voluntaria del embarazo, y ello es natural, porque la misión de la principal institución religiosa es velar por la vida, en mayúsculas, desde el momento de la concepción.

Desde el punto de vista político, teniendo en cuenta que uno de los valores irrenunciables de la democracia es la pluralidad, se entiende que haya que aceptar diferentes posturas en la sociedad sobre un tema tan complejo y conflictivo como el aborto.

Del mismo modo que nos posicionamos totalmente en contra de la dictadura en Cuba, tenemos que valorar la existencia de diferentes partidos políticos como una riqueza de nuestro sistema.

Ahora bien, cuando algunos partidos, que incluso pueden llegar a formar parte del Gobierno, pretenden obligar a los sanitarios objetores a practicar abortos en contra de su conciencia, debería ser el propio Tribunal Constitucional el que pusiera coto a esa tremenda injusticia, a ese atropello antidemocrático, a esa arbitrariedad criminal.

En la II República, ganaron las elecciones constituyentes los partidos de izquierdas. Esto permitió que se redactara una Constitución de parte, que no recogía la pluralidad política existente en España.

En realidad, el problema no radicó en que hubiesen ganado las izquierdas, sino que estas no tuvieron el suficiente espíritu democrático para que las Cortes Constituyentes redactasen una Ley Suprema que se posicionase por encima de la disputa partidista.

Este enorme error supuso que el sistema republicano naciese con mal pie. Ortega y Gasset, tal vez el principal intelectual español de aquellos años, se desencantó por ese motivo y escribió el artículo “No es esto, no es esto”, a pesar de que había integrado el comité de intelectuales al servicio de la República, que había colaborado a su instauración.

De este modo, en la Constitución de 1931 se incluyeron artículos anticlericales, por ejemplo, el 26, que atentaban contra la libertad de conciencia, de creencias y de pensamiento cuando estos principios constituyen la salvaguarda de una democracia garantista, que respeta también el derecho de las minorías. (Con esto no quiero decir que el catolicismo fuese minoritario en la década de los 30 del siglo XX, porque estaría faltando a la verdad).

Siguiendo la estela de historiadores de renombre, como el fallecido Javier Tusell, podemos afirmar que la sublevación franquista no era inevitable, pero en cualquier caso, en mi opinión, se debería haber reformado la Constitución de 1931 para incluir el derecho al culto católico, que se había suprimido de facto y no sólo por la confiscación de bienes y expulsión de la orden de los jesuitas.

En la actualidad, con algunas de las leyes que surgen desde el Ministerio de Igualdad no se está respetando la pluralidad política, mientras que partidos tradicionalmente en contra del aborto sí que la respetaron cuando se negaron a abolir la ley de gobiernos socialistas anteriores.

Con la ley de despenalización aprobada en los años 80 del siglo pasado se recogían unos supuestos que resultaban comprensibles para todos, aunque hubiese posturas en contra. La ley de Zapatero fue demasiado lejos cuando permitía a las menores tomar esa decisión sin consultarlo ni siquiera con sus padres, además de otros puntos muy difíciles de asimilar por quienes piensan que el aborto es un crimen horrendo.

Pero que se pretenda obligar a los sanitarios a practicar abortos en contra de su conciencia no debería estar permitido por una justicia que proteja y ampare los Derechos Humanos de todos los ciudadanos del país. Obligar a nadie a realizar eso debería estar muy perseguido por las leyes y constituir en sí mismo un delito muy grave, ya fuese cometido por particulares, ya lo fuese por la Administración Pública. No todo vale en cuestiones de moral.

La libertad de unos termina donde comienza la de los demás. Esta máxima hasta hace muy poco era compartida por un amplio espectro político. Produce profunda tristeza observar cómo se busca desde algunos partidos de la izquierda radical la confrontación permanente con el resto. Es esa izquierda antidemocrática la que está en estos momentos resucitando el espíritu guerracivilista en este país.