La salida del famoso magnicida del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12, en el municipio de Ocampo, Guanajuato, dejará sueltos muchos demonios, justo a las puertas del arranque de las campañas electorales constitucionales de 2024.
La “verdad” de Aburto se escuchará muy fuerte, como un elemento incendiario del gran debate nacional, que plantea el contraste entre los abusos, corrupción y crímenes del pasado y la visión y continuidad del nuevo régimen.
El pasado 6 de octubre, un Tribunal Colegiado invalidó la sentencia de 45 años de prisión dictada contra Mario Aburto Martínez —que se dictó con base en las normas federales de aquel 1994— y ordenó que se dicte una nueva resolución por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, pero ahora conforme a los establecido en el Código Penal de Baja California, al momento de los hechos.
En el código estatal la pena máxima para esta conducta punitiva es de 30 años de prisión, la que estaría completando Aburto en marzo de 2024, a 30 años del aciago 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Baja California.
Seamos honestos, nadie ha quedado conforme con la versión del asesino solitario, en el caso del crimen contra Luis Donaldo Colosio.
La opinión pública que vivió aquella estruendosa y estremecedora noticia tienen su propio juicio y a lo largo de los años ha señalado a sus propios culpables.
La percepción generalizada de la generación que vivió con conciencia política el asesinato es que la muerte del priista se ordenó “desde el poder”. Es nuestra verdad histórica popular, muy distinta de las que ofrecieron varios fiscales y peritos, para encajar la versión del asesino solitario.
Incluso, con cierta verisimilitud todavía en el ánimo colectivo existe la creencia de que hubo “dos Aburtos", el que disparó en el mitin de Lomas Taurinas y quien fue capturado en el lugar, y otro el que fue presentado ante los medios, días después, rasurado, con el pelo distinto y con más peso, en relación con el primero.
El debate entre el “regreso del pasado” y la “continuidad de la transformación”, si todo sale como está proyectado tras el amparo, se verá enriquecido con lo que Mario Aburto tenga que decir, ahora que se le permutará la condena, de una sanción contemplada en la norma federal, a la pena máxima del Código Penal estatal.
La esencia del amparo, efectivamente, esgrime que el michoacano no tenía ningún cargo federal al momento del magnicidio y que debió ser juzgado con base en las leyes estatales, por ser un delito del fuero común.
El tema cobra enorme relevancia, si echamos la memoria a dos años atrás, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema.
El 28 de octubre de 2021, en su conferencia matutina, el presidente ofreció protección a Mario Aburto y a su familia, si se animaba a contar “la verdad” del caso.
“Si él estuviera dispuesto en contar su versión, se le brindaría toda la protección a él y a su familia. Si tiene algo que aportar. Si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos y eso es un compromiso...
“Si la familia del señor Aburto y él tiene algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él puede expresar y probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio —si es que existe otra versión—, el Estado Mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa mucho que no haya ninguna duda ni sospecha sobre este lamentable asesinado de Luis Donaldo Colosio”, dijo López Obrador en esa ocasión.
Con Aburto los demonios estarán sueltos en 2024.
