Lo que se ha hallado es demencial y exhibe el nivel de descaro y excesos con que operaban las presuntas manos sucias en el Máximo Tribunal estatal.
Hay actualmente hay siete denuncias contra tres ex funcionarios, quienes formaron parte del primer equipo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, cuyos procesos particulares se cuecen aparte y a fuego lento.
No habrá borrón ni cuenta nueva, y mucho menos amnesia institucional, aunque se lancen amenazas y se presione.
Fuentes de Ciudad Judicial detallaron que los ex funcionarios que tienen denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) son:
1.- Patricia Géniz Vieyra, quien fungió como directora del Despacho del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, con un tema muy grave, que involucra además supuestos agravios a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
2.- Rubén de la Rosa Gómez, ex secretario Jurídico, quien además llevaba la Oficialía de Partes, desde donde, presuntamente, construía rutas judiciales a modo, para favorecer “al mejor postor”.
3.- Y Rafael Pérez Xilotl, ex director de Administración, sobre quien pesan, como titular de esa área, al menos anomalías por más de 200 millones de pesos, por presunto mal uso del presupuesto, cobros indebidos y adquisiciones simuladas.
De ese tamaño son los expedientes en los que aún no aparece el caso particular de Sánchez, pero está en desarrollo.
Sin especificar en cada caso y con el cuidado del sigilo del proceso, lo que se conoce y obra en carpetas es que durante la anterior presidencia de Poder Judicial del Estado de Puebla (PJEP) se simularon adquisiciones. Al menos 80 por ciento de las que se concretaron. El monto involucrado es de más de 200 millones de pesos.
Los procesos internos de revisión han concluido que también había en la estructura de TSJ, mil 200 contratos por honorarios de “aviadores”, es decir, personas que cobraban sin trabajar. El promedio de los montos es de 15 mil pesos al mes.
Un caso adicional que ha salido a la luz con las auditorías es que, por el servicio de estacionamiento, al que se supone que de todos modos tienen derecho los empleados y funcionarios del PJEP, se cobraba 600 pesos por cajón al mes a 200 usuarios.
La suma da que, por esos cobros ilegales, ese grupo conseguía cada mes 120 mil pesos.
El caso de la ex funcionaria Patricia Géniz Vieyra, quien estaba encargada de Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla es especialmente grave.
Hay la presunción en las denuncias de que en esa área se permitía la corrupción para que los padres, mediante pagos, pudieran sacar a los menores con los que convivían periódicamente por orden judicial, pero con la obligación de permanecer en esas instalaciones todo el tiempo.
Esa circunstancia tiene varias aristas y configura varios presuntos delitos, de comprobarse, pues se desacataba la orden de jueces y se ponía en riesgo la integridad de los menores.
En el colmo de la burla, la ex funcionaria que tiene relaciones legislativas, tuvo la intervención mediática a su favor, de facto y tras su destitución, por el dueño del portal e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, quien para ese fin, en su columna, atacó con ferocidad y violencia de género a la hija del hoy gobernador, quien había llegado de relevo a esa área, para corregir errores. (Por cierto, ella renunció el 16 de diciembre, al otro día de que Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue designado por el Congreso local como mandatario poblano).
Hay mucho más. Se alistan procesos por ejercicio indebido de funciones en el Centro de Justicia Alternativa y en el otrora Instituto de Formación Judicial.
Además, de que se han hallado sobradas evidencias de corrupción de magistrados, alrededor de uno de los grupos dominantes del Tribunal.
Las investigaciones siguen.
La cloaca arroja cada día más inmundicias.
