Por si los problemas y desafíos con nuestro vecino del Norte no fueran suficientes, México está inmerso en un experimento audaz. En unos cuantos meses, para ser preciso, en junio de 2025, ministros, magistrados y jueces serán elegidos por voto popular, como resultado de una reforma promulgada en septiembre de 2024 que promete democratizar un poder judicial tildado de elitista y corrupto.
Lo que parece una apertura democrática, sin embargo, puede ser un nuevo escenario de dominación, donde las élites consolidan su poder bajo el disfraz de la participación. En un país donde la apatía electoral es endémica, donde actores con capital estructural —sindicatos, corporaciones, crimen organizado— ya muestran su influencia en las listas filtradas, y donde el calendario apremia sin garantizar transparencia, el riesgo es claro. Bolivia, con un experimento similar al mexicano y su 60% de votos nulos en elecciones judiciales, es una pincelada de advertencia.
¿Logrará esta reforma empoderar al pueblo, o será, parafraseando a Bourdieu, un campo donde el capital simbólico de unos pocos reine sobre las urnas vacías de muchos?
Desde las antípodas, veámoslo.
La reforma asume que el pueblo legitimará a sus jueces, pero la realidad apunta a lo contrario. Con 850 cargos en juego en 2025 y hasta 63,000 candidatos posibles (nueve por puesto), el votante promedio enfrentará una boleta laberíntica que el INE, con un presupuesto recortado, apenas podrá gestionar.
Bourdieu lo llamaría una brecha de capital cultural: sin información clara ni interés histórico en elecciones técnicas el electorado podría abstenerse o votar a ciegas. Bolivia lo ilustra: en 2011 y 2017, más del 60% de los votos fueron nulos o en blanco, reflejo de un proceso opaco y desconexión ciudadana. En México, la complejidad escala exponencialmente: una boleta con cientos de nombres por distrito, que no invita a la participación, sino al abandono. Una democracia sin votantes no es democracia; es un vacío que otros llenarán.
Ese vacío tiene dueños con nombres y apellidos. Reportes de El País y El Universal en marzo de 2025 han destapado filtraciones de listas preliminares de candidatos judiciales, revelando la capacidad de actores organizados para infiltrar el proceso. Un candidato en Jalisco, acusado de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue preseleccionado tras supuestas presiones a un comité local. En Oaxaca, una abogada ligada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aparece como aspirante a magistrada, respaldada por su poder de movilización. En Nuevo León, un exfuncionario de una constructora con contratos millonarios se cuela entre los finalistas; son botones de muestra y pasando por organizaciones religiosas tambien.
Sindicatos como la CNTE, corporaciones con recursos y el crimen organizado con intimidación tienen el capital para imponer piezas. Esto no solo afecta a México internamente; un poder judicial capturado por el narco o intereses privados mina la confianza de socios como Estados Unidos, clave en el T-MEC y la lucha antidrogas. La preselección sesgada y las campañas sin regulación abren la puerta a una subasta de poder disfrazada de elección.
El reloj avanza con precisión implacable:
- Febrero 2025: Listas finales de hasta nueve aspirantes por cargo se publican, con 850 puestos en juego —Suprema Corte, tribunales y juzgados—. Reportes ciudadanos señalan irregularidades en al menos 15% de los perfiles.
- Junio 2025: Primera elección masiva, con boletas de cientos de nombres por distrito. El INE estima un costo de 5,000 millones de pesos, sin fondos adicionales asegurados.
- 2027: Segundo ciclo para renovar la mitad restante de la Judicatura Federal, con proyecciones de aún menor participación tras el desgaste inicial.
Cada etapa, apresurada y mal financiada, refuerza la tesis de Bourdieu: la reforma no transforma, reproduce. Las listas filtradas muestran que el crimen organizado (CJNG, Sinaloa), sindicatos (CNTE) y corporaciones ya están posicionándose. Sin participación masiva ni controles, el poder judicial, podría quedar, en el peor de los casos, en manos de quienes dominan el capital simbólico y real.
México anhela una justicia cercana, pero esta reforma podría entregar una caricatura de democracia. La baja participación dejará las urnas huérfanas, los actores corporativos —sindicatos, empresas, narcos— impondrán su voluntad, y el calendario acelerado blindará el desorden.
Pero el costo trasciende lo nacional: en un momento de relaciones tensas con Estados Unidos —con disputas por el T-MEC, aranceles y seguridad en la frontera—, un poder judicial percibido como capturado o inestable amenaza la confianza de socios clave.
Washington ya ha expresado preocupación por la reforma, y el Departamento de Comercio de EE.UU. advirtió en febrero de 2025 que jueces politizados podrían complicar disputas comerciales. Las empresas extranjeras dudarán ante un sistema vulnerable al narco; la cooperación antidrogas flaqueará. Bolivia nos enseñó el silencio del rechazo; México podría gritar su colapso, no solo dentro de sus fronteras, sino ante un mundo que lo observa con recelo.
¿Hasta dónde llegará este experimento, novedoso, pero una verdadera prueba de la fortaleza institucional?
¿Ya habrá dimensionado nuestra presidenta, el proceso que se avecina? Así como está enfrentando las amenazas de incremento arancelario, con estrategia y con mucha decisión, tendrá un plan A, B o C que dé certidumbre y encause el espíritu de la reforma judicial planteada apenas en septiembre pasado.
Siempre hay el beneficio de la duda en nuestras instituciones, para que las cosas cambien para mejorar y sacudir la impartición de justicia en nuestro país, que mucha falta nos hace, porque nadie duda que se requería intervención inmediata.
Vivimos tiempos acelerados que demandan ciertamente nuevas instituciones ¿Estará preparado el Pueblo de México para ello?
