Anuar Musalem Valencia, de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), explicó que, de acuerdo con las estadísticas del INEGI, se tiene un registro de un millón de vehículos automotores, de los cuales, entre 100 mil y 124 mil son motocicletas.
Mientras que, la Asociación Mexicana de Seguros estima que solo una de cada cuatro motocicletas que se venden en el estado están debidamente registradas, por lo que la cantidad de unidades que circulan en el estado puede ser mucho mayor. Explicó que el crecimiento en el uso de las motocicletas como medio de transporte genera mayor cantidad de accidentes y sus consecuencias.
De acuerdo con el diario Milenio, “del 23 % de los accidentes que involucran a motociclistas, por lo menos, la mitad son de motocicletas contra peatón, pero al momento de la reparación del daño resulta que el motociclista no trae ni licencia, ni seguro, ni placas. La motocicleta cuesta entre 5 y 7 mil pesos, entonces, la reparación del daño puede llegar, una lesión leve, entre los 20, 22 mil pesos, entonces, el precio del vehículo es infinitamente menor a la reparación del daño, lo cual genera un problema social.
Por su parte Arroba Noticias, señaló que en Puebla creció 300 veces la adquisición de motocicletas. Un cálculo optimista es que por cada 10 motocicletas que se ven, solo 2 cuentan con placas. En Puebla hay 300 mil motos en operación, pero no quiere decir que todas estén registradas.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), en Puebla, el 11.5 % de las defunciones por tránsito fueron ocupantes del vehículo particular; el 10.1 % motociclistas; el 7.1 % fueron peatones; el 2 % ciclistas y el 1.1 % los ocupantes de vehículo de transporte público.
El grupo de edad con mayor número de defunciones por hechos de tránsito es de 20 a 39 años. Los hechos de tránsito en el estado llegaron a 10 mil 345 y los tres municipios con mayor siniestralidad son Puebla con 3 mil 531; Atlixco con 585 y San Pedro Cholula con 461.
Por otra parte, Rodrigo Díaz, Director de Movilidad de World Rosources Institute (WRI), México, en su portal digital, advirtió que en el asunto de las motos la afectación no es sólo de seguridad, sino también ambiental.
Señaló que 2022 marcó un parteaguas en la historia del transporte motorizado mexicano, ya que por primera vez en la historia se comercializaron más motos que automóviles en el país.
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas (AMFIM), en 2022 se vendieron 1.25 millones de motos, mientras la cifra de autos ascendió a 1.09 millones. De acuerdo con datos del INEGI, las motos registradas en México (no todas las motos en circulación se registran) aumentaron en 330 % entre 2012 y 2022.
El fenómeno está lejos de detenerse, según señalan las proyecciones de la AMFIM, en 2024 se venderán 1.4 millones de unidades, la mayoría de baja cilindrada. De éstas, 600 mil se habrán producido en México.
Son varias las razones que explican el auge de la motocicleta. En primer lugar, su bajo costo de adquisición, sumado a las facilidades de pago que ofrecen las distribuidoras. En las congestionadas calles de las ciudades grandes, la moto resulta el más veloz de los modos existentes, al alcance de cualquier clase social.
El impacto también es económico: En la práctica, la disminución en tiempos de traslado se ha traducido en un mayor acceso a fuentes de empleo. Las estimaciones de la AMFIM señalan que 7 de cada 10 motocicletas vendidas en México en 2023 se ocupan como vehículos de trabajo, particularmente en servicios de reparto a domicilio, actividad que experimentó un crecimiento explosivo en la época de pandemia.
En México hay cuestiones externas negativas que impactan en la salud pública, tanto por la siniestralidad vial como por la emisión de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero, las altas velocidades y la débil observancia de la ley en nuestras calles.
La complejidad del tema requiere soluciones que van desde la infraestructura hasta las características técnicas de los vehículos, pasando por el otorgamiento de licencias y la regulación de servicios mercantiles que se realizan en estos vehículos. Algunas soluciones son del ámbito local como aplicación de reglamentos de tránsito, regulación de circulación en determinadas vialidades, obligatoriedad de uso de cascos certificados, aplicación de exámenes para el otorgamiento de licencias, mejora de la infraestructura vial.
El Gobierno Federal tiene que ver también con la regulación de características técnicas de elementos de seguridad, emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, niveles de ruido y establecimiento de incentivos económicos o mandatos de venta que orienten a la industria hacia la producción de modelos más limpios y seguros.
Todavía es tiempo para actuar. El costo de la inacción es demasiado grande como para ignorarlo, advirtió ya Rodrigo Díaz. En Puebla, José ‘Pepe’ Chedraui y los alcaldes de la Zona Metropolitana tienen la palabra.
