Esta reforma ha desencadenado un intenso debate sobre sus implicaciones para la democracia y el equilibrio de poderes en México, planteando preguntas fundamentales sobre el alcance de la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Con esta reforma, México se adentra en un terreno de alta fragilidad, donde cada paso en falso podría quebrantar el delicado sistema de equilibrios que sustenta la democracia.
Desde el oficialismo, encabezado por Morena y sus aliados, el argumento central a favor de la reforma es que busca reafirmar la supremacía de la Constitución, evitando que el Poder Judicial interfiera en decisiones del Poder Legislativo. Para sus impulsores, esta medida fortalecería la soberanía popular al garantizar que las decisiones de los representantes democráticamente electos no puedan ser revertidas a través de mecanismos judiciales. En esta visión, la reforma se presenta como un muro que blinda las decisiones de la mayoría, un intento por consolidar un espacio donde el Poder Legislativo, como legítimo representante de la voluntad popular, pueda actuar sin interferencias externas.
Este movimiento refleja un impulso por consolidar el control del Legislativo, y con ello, del proyecto de la Cuarta Transformación, sobre los órganos de decisión. Como sugiere el contexto de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara en la Suprema Corte, existe una inclinación del gobierno de Claudia Sheinbaum por mantener a los ministros y magistrados clave bajo control político a través de elecciones populares. Sin embargo, la reforma también elimina cualquier injerencia de la Corte sobre reformas constitucionales, limitando aún más su capacidad para cuestionar modificaciones legislativas.
En contraposición, la oposición y diversos sectores de la sociedad civil han alzado la voz, argumentando que esta reforma representa una amenaza significativa para los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes. Eliminar los mecanismos de control constitucional, como el juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, limita las herramientas jurídicas de los ciudadanos para impugnar reformas que puedan vulnerar sus derechos.
Este sector advierte que, al restringir el papel del Poder Judicial, el país podría estar sembrando la semilla de un autoritarismo constitucional, donde los cambios en la Carta Magna podrían realizarse sin el debido escrutinio judicial. En los sistemas democráticos modernos, el control constitucional ha sido una herramienta esencial para preservar el espíritu fundamental de la ley; sin embargo, esta reforma desarma ese mecanismo, dejando a la ciudadanía sin protección ante reformas que potencialmente vulneren derechos fundamentales. Como se ilustra con la imagen de un barco sin timón, si una mayoría calificada decidiera modificar el artículo 2 de la Constitución para permitir algo tan aberrante como la esclavitud, no habría forma de detener tal despropósito desde las instituciones nacionales.
El contexto internacional ofrece ejemplos relevantes de cómo medidas similares pueden afectar a los sistemas democráticos. En países como Hungría y Polonia, reformas orientadas a limitar la capacidad de los tribunales para revisar cambios constitucionales han generado inquietudes entre organismos internacionales y defensores de los derechos humanos. Estas naciones han implementado medidas que debilitan la independencia judicial, un fenómeno que algunos analistas consideran una “erosión democrática” o incluso una deriva hacia el “autoritarismo competitivo.” Organismos como la Unión Europea y la Comisión de Venecia han advertido sobre los riesgos de limitar el control judicial, señalando que tales restricciones pueden debilitar el Estado de derecho y socavar la protección de los derechos humanos.
El debate sobre la supremacía constitucional y el control judicial evidencia una tensión inherente en las democracias modernas: ¿cómo equilibrar la voluntad popular con la necesidad de proteger los derechos fundamentales?
Si bien la reforma aprobada en México busca evitar la parálisis legislativa, es crucial establecer salvaguardas que permitan una revisión judicial en casos de posible vulneración de derechos humanos. Un modelo equilibrado debería permitir la supremacía constitucional sin sacrificar los controles que previenen abusos de poder y aseguran un sistema de pesos y contrapesos efectivo. En este sentido, México podría considerar una reforma que excluya del control judicial solo ciertos aspectos limitados, asegurando que los derechos fundamentales permanezcan protegidos.
La reforma también enfrenta un desafío adicional: la falta de consenso. La posición de “todo o nada” adoptada por Morena y su base aliada rechaza cualquier cesión, generando un ambiente que podría derivar en una crisis constitucional si la Corte decide intervenir. Esta postura intransigente amenaza con detonar un conflicto entre poderes, que podría poner en jaque la legitimidad del sistema político, especialmente si se considera que los votos que llevaron a Sheinbaum a la presidencia representan solo el 36.4% de los ciudadanos con derecho a votar, lo que subraya la necesidad de acuerdos amplios.
Si se implementan salvaguardas adecuadas para garantizar la protección de los derechos fundamentales, esta reforma podría fortalecer la estabilidad constitucional y evitar el desgaste judicial que resulta de litigios excesivos contra decisiones legislativas legítimas. En este contexto, la reforma podría promover una gobernanza más ágil, sin que ello implique una vulneración de derechos ni una erosión del equilibrio de poderes.
En ausencia de mecanismos de control efectivos, la reforma podría abrir la puerta a la aprobación de cambios constitucionales que vulneren derechos fundamentales sin posibilidad de revisión judicial. Esta situación no solo debilitaría la democracia, sino que podría también generar tensiones sociales y políticas significativas, agravando la polarización y socavando la confianza en las instituciones del Estado. La falta de un diálogo para evitar esta crisis podría dejar al Poder Judicial en un papel meramente decorativo, anulando el contrapeso que representa en el sistema democrático mexicano.
La reciente reforma sobre la supremacía constitucional en México marca un punto crítico en la historia democrática del país, destacando la necesidad de mantener un sistema de pesos y contrapesos robusto. La experiencia de otras naciones sugiere que un equilibrio adecuado debe combinar la supremacía constitucional con mecanismos de revisión judicial que protejan los derechos de los ciudadanos. México se enfrenta a un momento decisivo en su historia democrática: una encrucijada en la que debe decidir entre el camino de una supremacía constitucional sin límites o un modelo que permita la soberanía popular sin sacrificar la independencia judicial. En última instancia, se trata de encontrar un modelo que preserve la soberanía popular sin sacrificar los contrapesos necesarios, un desafío clave para la consolidación democrática en México.
@ricardommz07
