Este reconocimiento va más allá de lo simbólico y nos invita a preguntarnos ¿en qué medida las prácticas colaborativas que han sostenido a estas comunidades pueden integrarse de manera real en las políticas públicas y el desarrollo regional del país?
México es un país con una diversidad profunda, donde las tradiciones de los pueblos originarios han sido históricamente una fuente de cohesión social y resiliencia. Sin embargo, durante las últimas décadas, las políticas neoliberales habían priorizado el individualismo y el crecimiento económico de corto plazo, dejando a muchas comunidades al margen del desarrollo.
Con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, se presenta la oportunidad de incorporar las dinámicas colaborativas no solo como un patrimonio cultural, sino también como una estrategia práctica para transformar el desarrollo regional y fortalecer la gobernanza local.
Las cifras actuales muestran el impacto que estas prácticas tienen en la vida diaria de las comunidades.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia (ENCPD-2023), el 45% de los habitantes de áreas rurales participan en prácticas de gestión comunitaria, ya sea en la administración de recursos o en la organización de eventos colectivos.
Estas dinámicas han sido clave para resolver problemas locales de forma efectiva y sustentable, creando redes de apoyo que permiten a las comunidades hacer frente a desafíos como la distribución de agua, el manejo de tierras y la protección del medio ambiente.
Adoptar este enfoque reduce la necesidad de implementar políticas centralizadas que muchas veces no logran captar las realidades locales. La cocreación de soluciones junto a las comunidades no solo garantiza una mayor legitimidad democrática, sino que también optimiza los recursos públicos al diseñar proyectos más sostenibles y adaptados a las necesidades locales. En un momento en el que los gobiernos enfrentan restricciones presupuestarias, estas prácticas colaborativas se presentan como una clave para el desarrollo inclusivo, reduciendo la dependencia de los subsidios.
La gestión de bienes públicos también es una preocupación central para los ciudadanos. Según la ENCPD-2023, el 76.76% de los encuestados cree que aumentar los bienes públicos, como hospitales, escuelas y mercados comunitarios, es fundamental para la prosperidad de la sociedad. Este enfoque refuerza la idea de que las soluciones basadas en la colaboración comunitaria no solo son viables, sino deseables para mejorar la calidad de vida y fomentar un desarrollo más equitativo.
Un ejemplo claro de esto ocurre en el Sur del país, donde varias comunidades han gestionado de manera comunal sus recursos naturales, preservando sus bosques y creando un modelo económico local que combina sostenibilidad ambiental y beneficio social. La colaboración comunitaria, por lo tanto, no es solo una tradición cultural, sino una herramienta práctica que puede transformar la forma en que gestionamos el desarrollo en México.
Además, los encuestados señalan de manera contundente que la desigualdad social es percibida como una construcción política: el 58.38% opina que la desigualdad es producto de decisiones políticas, no de una condición natural, subrayando con ello, la urgencia de que las políticas públicas adopten un enfoque más inclusivo y colaborativo para contrarrestar las desigualdades estructurales que persisten en el país.
La colaboración comunitaria ofrece soluciones tangibles para los desafíos del desarrollo regional en México. Para los empresarios, representa una oportunidad de invertir en proyectos sostenibles que generen no solo ganancias económicas, sino también un impacto positivo en las comunidades. Para las autoridades, es una herramienta que optimiza los recursos públicos y mejora la gobernanza. Y para los ciudadanos, es una vía hacia el empoderamiento colectivo y la construcción de comunidades más resilientes.
@ricardommz07
