Alejandro Armenta
Por unanimidad, con 114 votos a favor, el Senador de la República registró un logro histórico en la defensa por el respeto de las mujeres, niñas, niños y jóvenes, además de grupos vulnerables, al aprobar la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Para la elaboración del dictamen se formó un Grupo Técnico Revisor en colaboración con la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) con el fin de integrar de manera conjunta y coordinada un solo proyecto.
Al ser una ley de corte nacional, homologa y unifica los procedimientos en toda la República; ya no se contarán con 32 códigos estatales (cada uno tan diverso y particular en su desarrollo), sino que los mismos procedimientos regirán en todo el país.
Con ello, se elimina la existencia de múltiples legislaciones y la diversidad de criterios judiciales en los temas civiles y familiares que representan alrededor del 70 por ciento de los asuntos que se llevan a juicio.
Este nuevo código contempla medidas de protección, apoyos y ajustes de procedimientos; designación de apoyos extraordinarios; declaración de ausencia por desaparición; medidas inmediatas contra la violencia a las mujeres; mejoramiento en el procedimiento de adopción; reforzamiento del principio de oralidad y, potencias las tecnologías de la información con servicios digitales.
Este código agilizará las notificaciones personales, garantizará la adecuada ejecución de las sentencias, además reducirá los tiempos y costos de los juicios y brindará una mayor seguridad y certidumbre jurídica.
Para tener acceso a una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, se incorporan las figuras de la mediación y la conciliación para robustecer y agilizar el sistema de justicia en todo el país,
El centro de atención del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo representa los derechos de las mujeres y el interés superior de la niñez, de esta forma los jueces contaran con las más amplias facultades para velar por estos derechos y garantizar que se respeten.
La finalidad es acercar la justicia a los grupos vulnerables, simplificar los procesos judiciales en materia civil y familiar en todo el país, garantizando la continuidad de la justicia oral y el uso adecuado de tecnologías de la información.
