Alejandro Armenta
La empresa de ciberseguridad FORTINET, en 2021 México sufrió más de 156 mil millones de intentos de ciberataques; lo que equivale a 427 millones de intentos de ciberataques al día.
De acuerdo a la Agencia We are Social, en su reporte digital 2022, registra cerca de 5 millones de usuarias y usuarios de internet, cifra que representa más del 60 por ciento de la población mundial; mientras que en nuestro país se reportan más de 96 millones de personas que hacen de su quehacer cotidiano la navegación en el mundo digital.
En tanto, el último estudio de la prestigiosa empresa Cyberthreat Edge Report, indica que México ha sido el cuarto país más atacado por ciberdelincuentes en lo que va del año, en el contexto mundial.
Este mismo estudio revela que el 90.6% de las empresas han sido víctimas al menos de un ataque exitoso en el último año, mientras que 40 de cada 100 compañías reportan por lo menos 6 intervenciones cibernéticas, afectado su sistema de datos y, por supuesto, sus ganancias.
Por ello, en el Senado de la República se ha puesto énfasis en legislar en esta materia revisando las 19 iniciativas de Ley en materia de Ciberseguridad presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, teniendo como objetivo la aprobación de reformas al marco legal que permita contrarrestar estas prácticas que se dan en el ámbito público y privado.
Se requiere de la construcción de un marco jurídico sólido que no sobre regule, sino que incentive el desarrollo en nuestro país con una regulación a las instituciones de tecnología financiera, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, entre otras.
Sin duda, ante ese panorama, la ciberseguridad se convierte en una tarea de todas y todos, una vez que la tecnología está a la mano siendo parte de nuestra cotidianeidad en las diversas esferas sociales en medio de un contexto de globalización necesaria.
Por lo cual en breve se contempla que se cuente con el primer borrador de esta iniciativa de Ley en Materia de Ciberseguridad, en la que se contemplaría la capacitación de ministerios públicos, fiscalías y todo el personal que rodea el aparato de justicia, teniendo especial atención en los ataques financieros.
Y es que ante la creciente ola de fraudes digitales y robo de datos e identidad, sin duda estamos en un momento crucial para que, en el sector público y privado, se valore y se cuide la información como un derecho a la protección de los datos personales como un derecho humano consagrado en la Constitución.
La labor es de todos, incluyendo la necesidad de invertir en tecnología y en capacitación de personal para contrarrestar los ataques cibernéticos.
