• 12 de Diciembre del 2024
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Por primera vez en su carrera política, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se alista para ser el protagonista

Gibrán Ramírez exhibió la carencia de institucionalización por parte de los militantes

Lo que diga el secretario de salud no le alcanzará para atajar las más de 77 mil muertes

La lista de candidatos es tan variopinta que profundiza la grieta en las dos facciones

La cruzada anticorrupción de la cuatroté es un proyecto vulnerable

La debilidad en los procesos de honestidad y honradez por parte de funcionarios del recién creado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) es la mejor muestra de que al presidente Andrés Manuel López Obrador le fallaron sus decálogos del buen funcionario. No todos comulgan con su ideario.
Su cruzada contra la corrupción inició contra las instituciones del pasado en las que estaba enraizada la transa y el beneficio de la clase política. Esa batalla era parte fundamental del proyecto de transformación. Lo increíble es la existencia de malas mañas en un instituto de nuevo cuño emblema de la 4-T. Esa es la discusión de fondo a la que entró Jaime Cárdenas tras dejar el Indep.
En unas líneas de su carta de renuncia resume el estado de putrefacción en el que se encuentra el instituto al que algunos de los servidores públicos de la 4-T “le roban a lo robado”.
“Encontramos, al inicio de nuestra función, probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional como mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, así como conductas de servidores públicos contrarias a las normas”, reveló el ahora exfuncionario en su documento.
El presidente metió al tema en la agenda de la política y no atendió el fondo. La responsabilidad administrativa de más de 70 funcionarios que ya se encontraban en la lista negra de al menos dos reportes elaborados por Jaime Cárdenas en las que detectó una serie de anomalías.
En sus palabras mañaneras, la obligación de Jaime Cárdenas al frente del Indep era “limpiar”. En términos simples es una contradicción “barrer de arriba para abajo” una de las instituciones creadas por este gobierno. Esa institución debió nacer limpia y continuar así.
Aún así, el Presidente ya le dio trato de adversario a Cárdenas Gracia y le recetó una retahíla de frases: “no le entró... y el que el que se aflige, se afloja; es una transformación, no es día de campo, no son tamalitos de chipilín”.
Con esos epítetos desde el atril de la mañanera cerró el tema desde el punto de vista político aunque de paso en su segundo día de golpes lo llamó politiquería. Aunque la mutilación de joyas y las irregularidades no están documentadas en la Secretaría de la Función Pública. Hasta ahora ya se tiene una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero el hecho es que se le dio un fuerte pellizco al botín de lo robado al pueblo.
Jaime Cárdenas, después de ser consejero del IFE, abanderó el proyecto de López Obrador desde las siglas del PRD, como legislador y defensor del proyecto alternativo. Su lealtad al político tabasqueño está probada pero ahora, machucó el callo que más le duele a la cuatroté, poner a prueba la honestidad. Se volvió un personaje incómodo y así permanecerá en lo que resta del sexenio.

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 Alfonso Guati Rojo es el personaje clave de la secretaría de Economía

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El director General de Normas de la Secretaría de Economía tiene un oscuro pasado

Purificado en su rostro por el manto de la cuatroté, pero no de sus manos, Alfonso Guati Rojo, Director General de Normas de la Secretaría de Economía, es un funcionario con un oscuro pasado neoliberal que mantiene vivas las viejas prácticas de hacer negocios, ahora con el gobierno de la 4-T. Es muy sencillo, cobra en la secretaría de Economía y en Infonacot por servicios de defensa jurídica a travé de su despacho.
Con un abierto conflicto de intereses, su modesto despacho en Polanco tiene un contrato multianual y del que obtiene ganancias para su bufete y su socio Nathan Russek—quien firmó el contrato— que están fuera de las proporciones de austeridad dictadas desde Palacio Nacional.
Copia del contrato en poder de esta columna señala que el contrato plurianual número I-SDN-2017-173 es por la prestación de servicios legales para la cobranza judicial y defensa de los intereses del Instituto Fonacot.
Es decir, al tiempo que Guati Rojo se desempeñaba como subdirector jurídico de Pemex desde mayo de 2015, su despacho firmó el contrato multianual con vigencia del 1 de noviembre de 2017 al 30 de septiembre de 2019 y en el que goza además de sus honorarios devengados por los casos ganados un presupuesto máximo de 5 millones 250 mil pesos para los tres años que lleva como representante al Infonacot. De acuerdo con el documento, aparte del pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el prestador deba efectuar en su caso por concepto de penas convencionales.
Quienes lo conocen cuenta que a donde llega Guati Rojo busca la manera de monetizar el poder. En Pemex estuvo de cerca en las primeras batallas contra el huachicoleo; sin embargo, de acuerdo con una solicitud de información hecha a Pemex, “las 32 Delegaciones Estatales, la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos adscrita a la SEIDO y las diversas unidades especializadas de la SEIDF, manifestaron que tras realizar una búsqueda exhaustiva en los sistemas y archivos con los que cuentan, no localizaron antecedente y/o registro alguno coincidente con denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría) por Alfonso Guati Rojo, Subdirector Jurídico Contencioso y Administración de Cartera de Petróleos Mexicanos, durante el periodo junio de 2016 a diciembre de 2018 por robo de combustible”.
En su paso por Pemex en la época neoliberal en la época de José Antonio González Anaya, no entregó resultados contra posibles responsables del huachicoleo. Aún así, de ese cargo en la etapa neoliberal “chapulineó” a la cuatroté.
En ese periodo ya tenía el contrato con el Infonacot. El tema es que por omisión Alberto Ortiz Bolaños, director general del Instituto Fonacot, dejó pasar ese detalle de que se le paga al despacho de un funcionario-abogado. Tema tampoco reportado a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.
Aún así Guati Rojo cayó parado como Director General de Normas de la Secretaría de Economía, ahora su nueva batalla fue contra los industriales sobre el etiquetado en alimentos procesados y bebidas no alcohólicas. Tampoco ha hecho denuncias pero a los industriales los trajo por varias semanas aterrorizados.
Considerado enemigo de los empresarios, Guati Rojo y su socio huelen dónde hay oportunidades y tener espacio para hacer patente su conflicto de intereses. Pues el despacho ya aprendió a hacer historia.

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