La nueva estrategia de lucha anticorrupción por parte de la cuatroté, para los próximos dos años, es la de ir tras exgobernadores que en algún momento se convirtieron en incómodos del régimen actual. Los nuevos gobernadores, al menos los 15 de Morena, tienen la orden presidencial de no convertirse en cómplices o en encubridores de sus antecesores inmediatos.
Tener en la mira al menos a dos exgobernadores pertenecientes a los partidos que conforman el bloque opositor de Va por México es suficiente para el debilitamiento de una alianza que tiene a dirigentes desgastados y en otros casos auto eliminados. Alejandro Moreno, jamás alineó a los gobernadores y toleró dos bloques dentro de su partido. Los resultados son una entrega total de las plazas. Marko Cortés y su derrotismo anticipado para 2022 es la antítesis de los objetivos de un dirigente de partido político; Jesús Zambrano y los conflictos internos que amenazan con aplicarle un shut down a su dirigencia para enero próximo es otro ejemplo de debilitamiento.
Los primeros coqueteos fueron con Quirino Ordaz, exgobernador priista de Sinaloa a quien López Obrador ofreció la embajada de México en España por su “buen trabajo”, pese a que él mismo, como dirigente nacional de Morena, lo acusó en la campaña de 2016.
Lo que se advierte es una gran contradicción y un doble mensaje político por un lado se pide cerrar el paso a la corrupción de pasado y por otra invitan a ser parte de su Gobierno en el Servicio Exterior. Eso es recurrir a la vieja escuela de darles unas vacaciones, alejarlos y evitar que se sigan bajo los reflectores.
Este es un ejemplo del uso discrecional de la justicia y lo contrasta con la confrontación directa que la nueva administración morenista en Michoacán tiene contra el grupo del exgobernador Silvano Aureoles. En este caso la justicia se aplica de forma selectiva contra quienes son percibidos como rivales que no están pactando, mientras que para los están dispuestos a pactar, no hay necesidad de iniciarles procesos, exhibirlos ni nada.
Los nuevos gobernadores emanados de Morena cuando tienen consigan construyen una narrativa del escándalo alrededor de los exgobernadores. Por ello, mientras más temprano se pacta, menos golpeteo se recibe. El caso de Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, es una muestra de ello. Sus devaneos con Morena evitaron que el escándalo de los “coche bomba” y fuga de reos tomara tintes de escándalo nacional. No hubo eco en sus opositores. El caso se queda en lo interno.
A final de cuentas, desde Palacio Nacional, el combate a la corrupción es un recurso discursivo y una amenaza de control político solamente. Si el combate a la corrupción y la impunidad fuese el objetivo, se estaría procediendo contra ellos con carpetas de investigación sólidas.
La amenaza ya está en la mesa y la instrucción de investigar a los gobernadores salientes siendo que, fuera de Baja California, ninguno es emanado de Morena, es la nueva estrategia para tener una herramienta más para la negociación política y para debilitar a la Alianza va por México ya que ellos serán parte de la exhibición y quienes en el terreno electoral tendrán menos oportunidades de lavar la mancha de la corrupción explotada por el partido en el poder en los próximos meses.
