En la recomendación 48VG/2021 del caso Mario Aburto, en el numeral 14 aparecen los puntos escabrosos de los funcionarios reciclados.
En este punto se menciona a Luis Raúl González Pérez, quien fungió como subprocurador a cargo del caso Colosio en 1996, pero antes de tomar ese puesto, laboró como Primer visitador en la CNDH, desde donde tuvo acceso a información que, se refiere, desestimaría. En ese tenor, González Pérez nombraría a Ismael Eslava, el 10 de octubre de 1996, como Coordinador de Asesores de la Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio.
Algo similar se repetiría en el 2015, cuando González Pérez se convirtió en presidente de la CNDH, y nombraría a Eslava como su Primer visitador. La recomendación hace ver que esos movimientos y nombramientos fueron parte de una complicidad y en 20 años se dieron omisiones y complicidades.
Aunque hay un detalle clave, la actual funcionaria que elaboró la Recomendación firmada por Rosario Piedra fue Hilda Téllez. En el numeral 31 se señala: es de hacer notar que esta Comisión Nacional estaba enterada prácticamente desde que ocurrieron los hechos, es decir desde abril de 1994, de las irregularidades; sin embargo, no actuó conforme a sus facultades constitucionales.
Desde 1994, hasta el momento en que Rosario Piedra llega a la defensoría, nadie actúo, señala el documento. Sin embargo, Hilda Téllez Lino, de octubre de 2015 a diciembre de 2016, ocupó el puesto de directora en la Primera Visitaduría General, bajo las órdenes de González Pérez e Ismael Eslava, describiendo en su perfil público que: desarrolló la conducción de un equipo de visitadoras y visitadores adjuntos en la dirección del trámite de quejas de casos de violaciones a los derechos humanos atribuidos a la Procuraduría General de la República… Fue directora de un área a la que se le implica en omisiones.
En el numeral 14 se indica que, desde el 20 de agosto de 2015, existía una carta manuscrita, donde Aburto Martínez solicitaba la mediación de la institución solicitando su traslado a un centro de reclusión más cercano al lugar donde habita su familia, documento que fue respondido hasta 2019. Allí mismo se destaca que la Tercera Visitadora General de la CNDH que conoció del caso y del seguimiento de las quejas mencionadas había sido directora general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación en los años de las detenciones derivadas de la investigación oficial del caso Colosio —la funcionaria aludida es Ruth Villanueva Castilleja.
Lo que deja ver que Ruth Villanueva es otro eslabón en la cadena omisiones y complicidades; sin embargo, eso no era un impedimento para que mantuviera una relación estrecha con la Montserrat Rizo, quien, incluso, es reconocida como alumna destacada del Centro Jurídico Universitario, escuela de la que es dueña Ruth Villanueva, misma con la que solía irse a “tomar cafecitos”.
Bajo las órdenes de Villanueva Castilleja se encontraba otro funcionario activo en la elaboración de la recomendación, Víctor Sánchez, quien fungía en ese entonces, y lo sigue haciendo, como director del área de Quejas de la Tercera Visitaduría, por donde tuvo que pasar la carta manuscrita, la de Aburto, y/o al menos se tuvo conocimiento de la misma. Ahí se cierra la pinza de las omisiones del grupo que se recicló en la visitaduría.
En la recomendación 48VG /2021 se exhibe un grupo de funcionarios que han estado inmiscuidos en las omisiones o actuaciones deficientes de la misma CNDH del pasado, pero siguen activos y actuando como si nada hubiera sucedido.
Ruth Villanueva se incrustó en la 4T, como encargada de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, desde el Instituto Nacional de Migración. Lo mismo que Hilda Téllez, Montserrat Rizo y Víctor Sánchez, quienes enarbolan una falsa bandera de defensa de los presos.
