Al beneficiar a la empresa de capital tabasqueño, Industria de la Construcción & Proyecto Vial, al otorgarle el contrato para el aseo en la Presidencia de la República, cuarteó el discurso de la defensa de los trabajadores. Si bien no es ilegal... sí es inmoral.
El círculo íntimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con derecho de picaporte abrió la puerta a la crítica ya que la empresa beneficiada ha visto crecer sus ingresos junto con la llegada de la cuatroté. La inmoralidad radica en dar el servicio de limpieza de Palacio mediante la figura de la subcontratación.
Ayer se dio a conocer el fallo del proceso por invitación restringida IA-002000999-E1-2021, del que resultó ganadora tras proponer la oferta más barata por un monto mensual de 294 mil 373 pesos, el cual resaltó por encontrarse muy por debajo de las otras cinco empresas interesadas.
La cotización de Likhom Services ascendió a 447 mil 363 pesos al mes, la de Sicaru Limpieza a 430 mil 826 pesos, la de Ocram Seyer fue por 377 mil 629, la de Servicios de Limpieza Cego por 401 mil 154 pesos y la Adalym por 524 mil 557 pesos.
La empresa ganadora vio la luz en diciembre de 2008, cuando María Magdalena García Domínguez y Gildardo Arias Rodríguez acudieron ante el Registro Público de Villahermosa para darla de alta.
Sin embargo, hasta 2019 la firma de capital tabasqueño comenzó a celebrar convenios con el gobierno de la cuatroté. Año en que solo concretó uno por 14 millones de pesos con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, dirigido por Francisco Javier Trujillo, cuya vigencia fue marcada del 9 de septiembre de ese año al 31 de diciembre de 2020.
De manera sospechosa el 21 de febrero del año pasado, en Asamblea General Extraordinaria se decidió el cambio de accionistas. De acuerdo con la acta, también registrada en Villahermosa, García Domínguez enajenó sus 5 mil 095 acciones a Luis Manuel Viñas Graham, quien además se convirtió en administrador único; mientras que las 5 acciones restantes, ahora en propiedad de Mariana García Narváez, quedaron en manos de Juana Adolgo Ramos, quien dijo haber nacido en la Ranchería Corregidora Ortiz, municipio de Centro, Tabasco
Estas modificaciones vinieron acompañadas de un 2020 especialmente próspero para Industria de la Construcción & Proyecto Vial, pues en eñ año pandémico sumó cinco contratos más para limpiar las instalaciones del INAPESCA, dirigido por Pablo Arenas; el Instituto Nacional de Migración (INM), de Francisco Garduño Yáñez; el INAPAM, de Elsa Veites; la Secretaría de Gobernación (Segob), de Olga Sánchez Cordero y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero.
El más significativo de ellos fue el que signó con la Segob, pues su monto ascendió a 33 millones 194 mil pesos, con duración de abril a diciembre; seguido por el del INM con 5 millones 620 mil pesos; posteriormente el de INAPESCA por una bolsa de 4 millones 274 mil pesos; el del INAPAM por 2 millones 743 mil pesos, mientras que el de FGR solo fue por 5 mil 400 pesos, ya que su vigencia fue del 24 de noviembre al 31 de diciembre.
Así, la empresa consentida por la cuatroté vive un edén en sus ganancias, gracias a sus raíces tabasqueñas y al bendito outsourcing.
