Israel Mendoza Pérez
@imendozape
El Plan B electoral se enfila a ser la base de la acusación ventajosa de Morena rumbo a 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque promete no meter las manos en el proceso electoral, se aleja a medias, debido a su naturaleza política y a la propensión a los arrebatos cuando sus decisiones se cuestionan. En este momento, se perfila un choque frontal con el poder judicial, por los recursos de inconformidad promovidos principalmente por la oposición ante la Corte.
Al no tener peso ni la suficiente influencia en el pleno de la Corte, lo que sigue para la cuatroté es mantener la confrontación y el ataque a las decisiones judiciales.
El tiempo para definir los cambios en materia electoral, en la Corte, se acortan y deberá resolver a la brevedad sobre la constitucionalidad y validez del Plan B, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 de lo contrario Morena comenzará su andanada de descalificaciones y la construcción futura de la narrativa del fraude sustentada en la creación de una percepción adversa de los ministros.
Desde la llegada de la ministra Norma Piña Hernández, a la presidencia de la SCJN, la relación con el Presidente se tensó. Si bien es una relación de pares y de equilibrio de poderes, la impugnación al Plan B será el pretexto para mantener una confrontación con la oposición y con los integrantes de la Corte.
Y es que en la ceremonia del 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución dejó en claro que la democracia no solo es un concepto de uso exclusivo de los partidos políticos. Al tiempo que deja entrever lo que viene para el poder judicial. En su discurso, la ministra señaló: “Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten, y nunca perder de vista la independencia judicial —la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental”.
De acuerdo con el análisis de especialistas sobre el camino de las impugnaciones, la Corte deberá resolver a la brevedad sobre la constitucionalidad y validez del Plan B antes de junio próximo, para preservar la certidumbre del proceso electoral del próximo año. Aunque, durante los siguientes meses se intensificará la confrontación entre Presidencia y el Poder Judicial.
Incluso, para invalidar el Plan B se requeriría que una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros de la Corte voten en ese sentido. Al ir más allá, la Constitución en su artículo 105 prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales federales, por lo que, a partir de junio, el Congreso estará impedido de realizar modificaciones de este tipo de acuerdo con la legislación vigente, el proceso electoral federal de 2024 inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023.
Aunque para Morena no hay más ley que la dictada desde Palacio y los contrapesos no se requieren cuando su estrategia sea la de estresar a la Corte y al sistema democrático del país. Y usar de pretexto para bien o para mal el Plan B.
