Israel Mendoza Pérez
@imendozape
La prolongación actividades de seguridad interior por parte de las fuerzas armadas hasta 2028, requiere mayor vigilancia por parte de organizaciones de la sociedad civil y de un acompañamiento por parte de legisladores. A final de cuentas en ellos cayó la responsabilidad histórica de mantener a las tropas en las calles.
La militarización de la seguridad pública y de otras funciones civiles avanza sin pausa y también sin resultados por parte de la llamada cuatroté. No existe ninguna voluntad por desarrollar capacidades policiales y ello se refleja, entre otros indicadores, en que, de los más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional, 7 de cada 10 no cuentan con el Certificado Único Policial, que acredita contar con las aptitudes para desempeñar esa función, de acuerdo con el análisis de la organización Causa en Común.
En este punto de inflexión y con las tropas en las calles durante los próximos cuatro años, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, junto con Ricardo Monreal, de Morena; Silvana Beltrones del PRI y Miguel Ángel Mancera, del PRD, presentó en la Cámara Alta, una iniciativa de ley que crea la comisión bicameral de seguridad, la cual será la encargada de evaluar el despliegue de los militares para realizar labores de seguridad en las calles, determinar sus objetivos e indicadores cuantificables y verificables que deberán cumplir.
Aunque lo que falta es concretar la comisión y extender la invitación a organizaciones sociales y de derechos humanos para tener una verdadera vigilancia y atención a un tema que, se convirtió en el dolor de cabeza para gobiernos estatales y federal. La seguridad en este momento, se encuentra colapsada.
El legislador por el estado de Yucatán justificó su voto aprobatorio a la iniciativa de extensión de las fuerzas armadas en calles una vez que se pudiera dar a las fuerzas armadas un marco jurídico de actuación que les dé garantías, pero que los acote, que respete derechos humanos y, por otro lado, le dé al país una seguridad real.
Aclara que el actual modelo de seguridad no funciona, por lo que debe sustituirse por otro en donde haya una mayor participación de la sociedad civil, a través de sus representantes populares, como lo sería esta Comisión Bicameral, integrada por diputados y senadores de todos los partidos políticos.
A final de cuentas, la militarización del país, ya es una realidad y, en los hechos, aún falta sumar voces expertas para la vigilancia de las operaciones militares que se tendrán en el futuro, ya que el grave problema de militarizar la seguridad pública es dar más responsabilidades a la milicia de las que manda su propia naturaleza.
Lo que se distorsionó fue la esencia de los militares en el país. Todo porque no hay presupuestos para policías locales, ni para las fiscalías estatales, por ello se desvió su objetivo. Sin embargo, su formación no está diseñada para labores de seguridad pública, la presencia de militares no es garantía para la reducción de la violencia.
