Lo propuesto por el partido en el poder es en esencia: “evitar fraudes, abaratar la democracia, reducir presupuesto a partidos y achicar al INE”.
Con ello, lo único que aflora es debilitar el blindaje electoral existente y entrar en una negociación con visos de amagos a la oposición. La primicia es gano o te desacredito. Mientras lo que se requiere es fortalecer, ampliamente, los procesos de designación de autoridades electorales y mejorar proceso de fiscalización, tanto a partidos como autoridades electorales.
La bancada morenista encabezada por Ignacio Mier apuesta por una reforma en la que la autoridad tenga menos presencia y sean métodos políticos y de presión, los que resuelvan las diferencias. Y desplazar los derechos políticos electorales, como el consolidar una democracia más inclusiva e incluyente, garantizar la pluralidad y cumplir demandas de los electores más que de los partidos.
En esta semana inician las mesas de discusión y al menos no hay ánimos de apoyar la propuesta presidencial por parte de la oposición. Tanto, PAN y PRD en la Cámara de Diputados dejaron en claro a la bancada de Morena que en materia reforma electoral no avalarán reformas a la Constitución que atenten contra el avance democrático en el país.
Después de la jugarreta priista de ampliar la presencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior, las condiciones para aprobar la reforma constitucional, en materia electoral, se ve complicado, ya que Morena no tiene la mayoría calificada para sacarla adelante.
Y es que lo que pretende Morena es revolver la ley con modificaciones a la ley secundaria, donde ellos sí tienen mayoría para que haya un voto dividido. Además, es una ley trazada bajo la premisa del debilitamiento de la institución electoral y no del fortalecimiento de todo el sistema que lo conforma.
De acuerdo con especialistas, el último proceso electoral dejó ver la necesidad de fortalecer la fiscalización electoral y en general, muchos otros aspectos de la legislación en las que, desde su perspectiva, tienen una gran simulación; es decir, respecto de lo que la ley prevé y de lo que pasa, ya que hay un abismo de diferencia y no concuerda una cosa con otra. En el fondo, la reforma se debería centrar en las lagunas y no tanto en cambiar la autoridad y reducirla.
Existen deudas que también deben ser motivos de la reforma, atender la igualdad, equidad y representatividad deben ser temas más relevantes para los partidos. El trabajo legislativo debe velar por un sistema electoral, no es necesario realizar cambios radicales en las instituciones que garantizan certeza la democracia.
Sin embargo, desde Presidencia y con su brazo ejecutor de Morena, en el legislativo quieren cumplir una añosa revancha, vivida desde 2006, cuando en plena efervescencia postelectoral surgió la amenaza que, ahora, a 16 años se pretende cumplir: “al diablo con sus instituciones”.
