De acuerdo con los antecedentes, se trata de la oferta que hiciera el exfuncionario para pagar 10.2 millones de dólares para evitar ser enjuiciado por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, el cual incumplió. Dinero que no se compara con los millones con los que se maneja la empresa a nivel internacional.
En su momento, la FGR solicitó una pena que supera los 46 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Además, la dependencia consideró que debe pagar una multa de 87 millones de pesos, un monto por reparación del daño de 6 millones de dólares, y perder cualquier derecho sobre un departamento en Ixtapa, propiedad de Emilio L. Pero también era en la parte en la que se tenía un caso más trabajado. A lo largo de los años, la posición de Emilio L se ha vuelto con altibajos y poco creíble.
Sin embargo, la cuatroté, de la mano del fiscal Alejandro Gertz Manero, va por la fortuna del exdirector de Pemex. Las cantidades millonarias negociadas para la reparación del daño exhibirán las pretensiones y acuerdos que se tuvieron con el exdirector de Pemex. Ese nuevo componente revelará más implicaciones del caso en la primera etapa en la que se sustentó su participación y reparto de sobornos, que posteriormente terminó por desvanecerse.
Y es que más que un pago por la reparación del daño, se pretende que a través de la reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2020 se abra la posibilidad de ir por los bienes de Emilio. Más allá de la incautación de bienes hecha en México y Europa por la fiscalía general calculada en 200 millones de dólares. También se suman los 5 millones de dólares ofrecidos por la defensa para reparar los daños por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
De acuerdo con la ruta legal del caso, el castigo debe incluir una indemnización por los daños y perjuicios causados a Pemex y a las finanzas públicas.
Por ello, es que se puede aplicar el criterio de la extinción de dominio, —en caso de apretar más el caso— pues es procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Este nuevo capítulo de conocer las cifras por la reparación del daño traerá una nueva oleada de críticas para Gertz Manero que se ha convertido en la pieza a seguir en cada movimiento de este caso que se enturbia conforme pasa el tiempo.
