Todo fue ensayo y error con mira a la construcción de un traje a la medida. La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar una reforma electoral es la culminación de la serie de propuestas presentadas en tres años. Algunas con resultados otras ni siquiera avanzaron.
La reducción del presupuesto al INE va más encaminada a una modificación administrativa que a un proceso reformatorio. Llevar tanto a magistrados como consejeros a las urnas es convertirlos en representantes populares con ello se rompe con la autonomía y se incrusta en la necesidad de que sean servidores públicos emanados de fuerzas políticas. Todo lo contrario, a la autonomía que requiere el INE.
Los demás experimentos electorales que se vieron a lo largo de tres años, fueron como la búsqueda de la ampliación del mandato, el caso del exgobernador Jaime Bonilla era el ejemplo más claro. La devolución de dinero público, entregado a los partidos, a través de prerrogativas en caso de desastres naturales.
La promesa de reducir o eliminar diputados plurinominales es una medida popular. Además, rentable en lo electoral pero no entre los partidos. Sin embargo, es una de las banderas del presidente para adelgazar al poder legislativo.
Para concretar una reforma de este tipo deben de acreditar una serie de etapas, indicando que se necesita tener una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras (diputados y senadores), pero también en congresos locales; a la fecha, los consejeros son elegidos por un procedimiento que está dictaminado en la constitución. Es decir, llamar reforma a un ajuste administrativo es desmedido y no requiere de sumarse al ambiente polarizado que persiste en el Congreso.
Si el voto de estos temas se le concedieran a la ciudadanía, las elecciones se representarían más que nada por una cuestión de popularidad y no de trabajo técnico. Ya que es poner en manos de los partidos a personajes que buscarán saltar de una curul a un lugar en el Consejo General del INE.
Lo catastrófico es que si se busca adelgazar los gastos dentro del INE se fugaría un dinero a campañas de los aspirantes a consejeros electorales, y quien regularía el tema de presupuesto en los spots de radio y televisión y si sería el mismo INE el órgano encargado de organizar los comicios.
En este momento, el INE es una institución incluyente y no es apéndice de un partido político o grupo de intereses políticos. La construcción de un sistema electoral sólido se convirtió en una tarea titánica en más de tres décadas, donde cada voto se cuenta y donde las diferencias de resuelven mediante el camino de derecho; reiterando que se deben evaluar claramente las reformas que busquen implementar y tener claro a donde se quiere llegar con la llamada reforma electoral.
