Es un informe de investigación muy amplio denominado “Luchando por sobrevivir”, y que fue elaborado por Stephanie Brewer, Lesly Tejada y Maureen Meyer de la Oficina de Washington en Latinoamérica, WOLA por sus siglas en inglés, y que explica que estas cifras superan en 100 veces a las solicitudes recibidas en 2013, hace apenas 8 años.
Y es que el desplazamiento forzado y las necesidades de protección por parte de ciudadanos de otros países que huyen de la violencia y del hambre va en aumento desbordando cualquier sistema migratorio. El de México carece de suficientes recursos y el de Estados Unidos es un sistema migratorio arcaico al que le urge una reforma.
Mientras tanto, miles de migrantes se mantienen en espera de la solidaridad de los gobiernos como el de México y Estados Unidos con la esperanza de recibir la documentación que les permita ser arropados por un nuevo país o continuar su viaje rumbo al norte del continente hasta encontrar la calidad de vida que están buscando.
El informe de la Oficina de Washington en Latinoamérica también deja al descubierto las trabas que reciben los migrantes en la gestión de sus documentos para transitar con libertad y seguridad por México, sobre todo ante la imposibilidad de solicitar refugio desde los puertos de entrada en estados como Chiapas o Tabasco, obligándolos a viajar a otras entidades, incluso hasta la Ciudad de México para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) otorgue los beneficios que tanto prometió el propio presidente mexicano al inicio de su gobierno, cuando aseguró a los migrantes que en nuestro país encontrarían trabajo.
Mientras los migrantes se mantienen detenidos en Tapachula en espera de sus documentos o en centros de detención son vulnerables a diversos maltratos como la discriminación o delitos, como trata de personas, asaltos, violaciones, extorsiones, etc., sumando sufrimiento, incertidumbre y peligros para las personas en movilidad.
El informe “Luchando por sobrevivir” reconoce que, en un último recuento a finales de abril del 2022, se encontraban 28 mil 542 elementos militares en ambas fronteras mexicanas ya que, aunque no son responsables del proceso de asilo, las fuerzas armadas mexicanas están desempeñando un papel central de control migratorio, provocando constantes quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por “tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias y tortura”.
Lo anterior, preocupa a las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes quienes reconocen que la presión que ha ejercido Estados Unidos hacia la autoridad mexicana influyó en el endurecimiento de las medidas de contención migratoria en el país.
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