Con un enfoque en los derechos humanos y la colaboración interinstitucional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX) ha mejorado sus procesos para acercar la justicia a los ciudadanos, proteger a las víctimas y mejorar la eficiencia del sistema penal acusatorio.
En entrevista con La guarida del nagual, el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara López, se refirió a la reforma judicial en curso y su impacto en la procuración de justicia.
Aclaró que la Fiscalía de la Ciudad de México es una entidad local y no forma parte del Poder Judicial, pero trabaja en coordinación con otras instituciones para mejorar el sistema de justicia.
La reforma plantea desafíos y oportunidades para fortalecer la evaluación y desempeño de los jueces y garantizar un proceso judicial más transparente y efectivo.
Durante la conversación, Lara López explicó los cambios y las estrategias implementadas para mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Infraestructura y Distribución Territorial
La FGJCDMX cuenta con 74 agencias distribuidas en todo el territorio capitalino, organizadas en 16 coordinaciones territoriales. Estas agencias buscan facilitar el acceso a la justicia para los ciudadanos, permitiéndoles presentar denuncias o ser atendidos de manera eficiente.
“Las coordinaciones principales incluyen las de Iztapalapa y Venustiano Carranza, con hasta nueve agencias territoriales cada una, y otras más pequeñas como la de Milpa Alta, que cubre áreas más extensas, pero menos pobladas. En total, la Fiscalía cuenta con 74 agencias, todas accesibles a los ciudadanos para presentar denuncias o recibir atención en casos de incidentes viales y otros problemas”, precisó.
Lara destacó que este modelo se originó durante la gestión del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, con el objetivo de acercar la justicia a la población.
“La proximidad de las agencias territoriales permite a los ciudadanos denunciar y ser atendidos con mayor rapidez y eficacia. Este enfoque ha sido reforzado desde la transformación de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía en 2020”.
Ulises Lara explicó la transición del antiguo sistema penal inquisitorio al actual sistema penal acusatorio. Este cambio, orientado a proteger los derechos humanos, requiere una investigación sólida y sustentada en pruebas.
“Anteriormente, la confesión del acusado era considerada la prueba principal, lo que ocasionaba numerosos abusos y torturas para obtener declaraciones. Hoy en día, la investigación se basa en indicios convertidos en pruebas mediante el trabajo de policías de investigación, peritos y el uso de tecnología.
“Los policías de investigación, que antes operaban con una actitud prepotente, ahora deben demostrar los hechos con investigación de campo y gabinete, utilizando herramientas como cámaras, geolocalización y testimonios”.
El fiscal destacó que la capacitación y profesionalización de estos elementos han mejorado significativamente, permitiendo una investigación más precisa y respetuosa de los derechos humanos.
Además, los agentes del Ministerio Público son responsables de integrar las carpetas de investigación y proponer teorías del caso ante los jueces.
La Fiscalía ha elaborado un plan de Política Criminal y un programa de persecución desde 2020, los cuales han sido presentados al Congreso. Estos documentos detallan los contenidos, diagnósticos y métodos de abordaje de la institución, lo que permite una evaluación y supervisión adecuada. El objetivo es promover una política de divulgación y transparencia para que los ciudadanos comprendan el funcionamiento del sistema penal acusatorio.
Atención a Víctimas y Violencia de Género
Ulises Lara subrayó la importancia de poner al centro a las víctimas en todo el proceso de procuración de justicia. La Fiscalía ha creado coordinaciones especializadas para la atención a víctimas y la violencia de género, buscando erradicar la violencia contra las mujeres. Programas como "Jóvenes por la Justicia" y el acompañamiento de abogadas para mujeres víctimas de violencia familiar son algunas de las iniciativas implementadas para brindar apoyo y protección.
La Fiscalía ha creado además coordinaciones específicas para atender a víctimas de violencia de género, con el objetivo de erradicar esta problemática. También se han establecido agencias especializadas para casos de robo en el transporte público, delitos de alto impacto como secuestro y extorsión, y la búsqueda de personas desaparecidas.
Estas abogadas ayudan a las víctimas a presentar su denuncia ante el Ministerio Público y a obtener medidas de protección, como órdenes de restricción contra los agresores. La Fiscalía también ha establecido refugios y centros de justicia para mujeres en varias alcaldías, donde se les ofrece apoyo integral, incluyendo áreas lúdicas para sus hijos mientras reciben atención.
La violencia de género es una de las prioridades de la Fiscalía, y se han diseñado medidas de protección y refugios para mujeres en situación de riesgo. Además, se cuenta con un centro de llamadas (asterisco 765) para denunciar casos de violencia y recibir apoyo inmediato.
También se refirió a la necesidad de promover nuevas masculinidades y una cultura de paz, con el objetivo de erradicar la violencia y construir una sociedad más justa y equitativa, abordando la necesidad de educar a los hombres para que adopten conductas respetuosas y no violentas. Reconoció que, aunque los principales agresores son hombres, es crucial fomentar una transformación cultural que permita convivir en armonía y respeto.
