En una medida que refleja un cambio significativo en el control de infraestructuras clave en México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez ha sido oficialmente transferido al mando de la Marina Armada de México. El decreto que formaliza esta transferencia fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Según el decreto presidencial, las entidades paraestatales que operaban el aeropuerto, incluyendo el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ahora estarán bajo el control y coordinación de la Secretaría de Marina.
El Acuerdo rubricado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Marina (SEMAR), José Rafael Ojeda Durán, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, establece que éste entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a su publicación en el DOF.
Durante este periodo la SICT, en su calidad de coordinadora de sector de las tres entidades paraestatales, realizará la actualización del capital social de éstas con base en los estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. La SICT también se encargará de la total transferencia de las acciones representativas del gobierno federal y demás acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.
La SICT y SEMAR serán responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan las entidades paraestatales que se mencionan en el Acuerdo. Así como proporcionar la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que corresponda, en el ámbito de su competencia.
El Acuerdo instruye a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para que en el ámbito de su competencia, coadyuven en la transición de la sectorización, en el periodo señalado.
Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo se deben realizar con cargo a los presupuestos autorizados a cada uno de los ejecutores de gasto, según corresponda, mediante movimientos compensados, por lo que no se incrementará su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal.
El Acuerdo destaca que las tres entidades aeroportuarias, dada la naturaleza de las atribuciones que tienen conferidas, se estima que coinciden en el ámbito de seguridad del Estado mexicano competencia de la Secretaría de Marina, razón por la cual es necesaria su resectorización.
Este cambio se ha justificado como una medida en pro de la seguridad y el enfrentamiento óptimo de los desafíos de seguridad que enfrenta México.
Durante el mandato del presidente López Obrador, se ha alegado que el AICM fue utilizada en el pasado para actividades ilícitas, incluyendo el transporte de drogas. Se ha afirmado que estas acciones ocurrieron bajo la complicidad de la extinta Policía Federal.
El decreto también señala que en años previos, hubo descuido y deficiencias sistémicas en las terminales aeroportuarias, comprometiendo la seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo. El servicio presentaba problemas en el manejo de áreas y equipamiento, así como falta de atención a reportes y cumplimiento de normativas.
Este movimiento se produce en un contexto en el que las Fuerzas Armadas de México han asumido un mayor control sobre diversas empresas y proyectos estatales, lo que ha generado debate sobre la militarización del Estado. Además del AICM, el Ejército ahora controla el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y ha establecido su propia aerolínea, Mexicana de Aviación, con planes de vuelo inicialmente en rutas nacionales.
No obstante, esta creciente presencia militar en sectores civiles ha sido objeto de críticas y preocupaciones por parte de sectores que temen una concentración excesiva de poder y una militarización indebida de la sociedad. A medida que se implementan estas medidas, el gobierno de López Obrador enfrenta el reto de equilibrar la seguridad y eficiencia con los principios democráticos y los derechos civiles.
