Los miembros de la familia Jenkins de Landa, que mantiene una disputa judicial por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y otros activos y bienes, “se coludieron con los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, para el presunto desvío de más de 700 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins”, de acuerdo con la revelación de un testigo del caso.
El nuevo patronato legalmente reconocido detalló en una tarjeta informativa que:
“En la investigación por el desfalco a la Fundación, un testigo clave aportó pruebas contundentes que demuestran la colusión entre la familia Jenkins de Landa con los abogados Virgilio Rincón y Alejandro González, para el desfalco de más de 700 millones de dólares”.
El texto describe que en días pasados, un testigo clave para la investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de la Familia Jenkins de Landa acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) y aportó información y documentos relevantes para la misma que prueban la complicidad entre los Jenkins de Landa y sus abogados, para desviar más de 700 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins.
Las pruebas -agrega- se vuelven también relevantes para la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera.
“El testigo, muy cercano a uno de los abogados de la familia Jenkins de Landa, aportó un contrato por la supuesta prestación de servicios profesionales, en el cual los Jenkins de Landa pactan con el abogado Virgilio Rincón Salas el fraude filantrópico más grande de la historia, aduciendo un supuesto complot de todo tipo de autoridades federales y locales.
“Para tal efecto, fraguaron, en específico, dos tareas ilícitas y que constituyen precisamente los hechos por los que se les libró orden de aprehensión: en primer lugar, sacar todo el patrimonio de la fundación para beneficio de la familia Jenkins de Landa y, posteriormente, buscar una jurisdicción con beneficios fiscales y corporativos con el ánimo de ocultar el origen de dichos recursos.
“Lo primero lo lograron mediante la donación fraudulenta realizada en perjuicio de la Fundación Mary Street Jenkins y en favor de una estructura legal controlada por los abogados y, lo segundo, mediante la transmisión de su patrimonio a paraísos fiscales, tales como Barbados y Panamá.
“A cambio, le pagaron a los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, 15 por ciento del valor total de los bienes de la fundación. Es decir, entre los hoy prófugos de la justicia se repartieron el patrimonio de la fundación, cuyo destino era para beneficio de los poblanos, sin embargo, los abogados se quedaron con más de 2,000 millones de pesos. A la firma de este documento, le entregaron a los abogados Rincón Salas y González Muñoz la cantidad de $1,100 millones de pesos. Parte de estos recursos habrían sido enviados a otros lugares del mundo como Alaska, EUA.
“Se han obtenido acceso al documento en cuestión, donde claramente se aprecia el contubernio entre los Jenkins de Landa y el abogado para desfalcar a la Fundación:
“Este contrato aparece en mal momento para los Jenkins de Landa, quienes además de haberse quedado con el patrimonio de la Fundación, contrataron a la firma americana Quinn Emanuel Sullivan & Urquhart, quien pretende demandar al Estado mexicano, acusando a las autoridades mexicanas por haberlos privado de sus cargos dentro de la Fundación Mary Street Jenkins y Fundación Universidad de las Américas, Puebla.
“En efecto, el pasado 16 de julio, se recibió en las oficinas de la Secretaría de Economía una notificación por medio de la cual la familia Jenkins de Landa le hizo saber al Estado mexicano su intención de iniciar un arbitraje en su contra, alegando haber sido injustamente despojados de su carácter de patronos en ambas fundaciones.
“Sin embargo, esa carta de intención de demanda al Estado mexicano está llena de falsedades, pero no solo eso, sino que, fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República, nos informan que incluso dicho documento de Quinn Emanuel contra el estado mexicano, los Jenkins de Landa, a través del abogado Juan P. Morillo, confiesan parte crucial de los hechos por los que hoy existen órdenes de aprehensión en su contra por lavado de dinero y fraude, por lo que este documento, lejos de beneficiarlos, está siendo un elemento de prueba fundamental para la investigación por el desvío de los más de 700 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins.
“Habrá que esperar lo que arroja la investigación internacional que se realiza para determinar el destino de los recursos que sacaron del país y que un monto considerable haya terminado en la firma americana de abogados, lo cual constituiría también lavado de dinero al ser dinero de procedencia ilícita por ser el producto de los delitos por los que hoy tienen órdenes de aprehensión los Jenkins de Landa”, concluye el texto.
