Luis Ernesto Derbez Bautista, exsecretario de Estado panista, quien hasta hace unos días se ostentaba como rector de la Universidad de Las Américas Campus Puebla, fue denunciado por el nuevo patronato de esa cada de estudios por supuestos desvíos de recursos de la institución y lavado de dinero.
El secretario del patronato, Adalberto Ramos, informó que hay un desfalco de 720 millones de dólares de parte de integrantes de la Familia Jenkins a la fundación Mary Street Jenkins y desvío de estos recursos a paraísos fiscales, por lo que la Junta de Organizaciones para la Asistencia Privada determinó remover a los miembros del patronato y nombrar a uno nuevo.
Ramos informó que Derbez, funcionarios universitarios y miembros de la familia Jenkings participaron en una red de corrupción destinada a saquear a la institución.
"El rector, junto con sus cómplices abogados, crearon un esquema de desvío de recursos y lavado de dinero para, saquear a la universidad y eso es lo que hicimos de conocimiento de las autoridades en días pasados", refirió el abogado.
Acusó que los personajes involucrados participaron en la constitución de estructuras y empresas que triangularon recursos de la institución, por lo que fueron levantadas denuncias por delincuencia organizada, desvío de recursos y delincuencia organizada.
Señaló que derivado de la investigación se liberaron órdenes de aprehensión en contra de estos miembros mismas que siguen en curso.
Ramos argumentó que los recursos fueron transferidos desde cuentas de la UDLAP, con la aprobación de la vicerrectora Mónica Ruiz a petición del rector Derbez, pero ambos son socios de las empresas beneficiarias.
Los personajes denunciados son Luis Ernesto Derbez Bautista, Mónica Ruiz Huerta, Mario Vallejo Pérez, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz, Carlos Román Hernández, Jesús Salvador Mijango Patiño, Guillermo Jenkins; Elodia Sofía de Landa, Irízar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, Martha Elodia Jenkins de Landa y Manuel Mestre Martínez.
"Esas son todas las personas involucradas en las tres denuncias que hemos presentado, ahora con este patronato; son diferentes delitos hay una denuncia por robo, hay otra por delincuencia organizada y lavado de dinero y otra más por administración fraudulenta”, explicó el litigante.
Según Alberto Ramos, secretario general del Patronato de la UDLAP, estas personas crearon una asociación civil, denominada Bienestar de Filantropía, a la cual transfirieron los fondos de la fundación original y el movimiento de ese dinero se llevó a cabo a través de bancos con sede en Barbados y Panamá, ambos paraísos fiscales; por ello, ahora él junto con Horacio Magaña y Pablo Jiménez, presidente y vicepresidente del patronato se hicieron cargo del mismo.
“Nuestro nombramiento deriva de una serie de investigaciones tanto de autoridades locales como federales que detectaron un desfalco de 720 millones de dólares por parte de integrantes de la familia Jenkins y de sus abogados asesores que diseñaron una estructura legal compleja donde desvían recursos de la fundación y los destinan a paraísos fiscales es donde actualmente se encuentran y están allí distribuyéndose los beneficios”, puntualizó.
Parte de estas operaciones se acordaron mediante la empresa Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales, de la cual era socio Luis Ernesto Derbez, cuando ejercía como rector de la Universidad de las Américas Puebla.
Indicó que se han realizado auditorías al funcionamiento de la universidad, donde se han detectado algunas irregularidades en el manejo de los recursos, por lo que se contrató un despacho de abogados encabezado por Rodrigo Bursa a fin de deslindar responsabilidades y actuar conforme marque la ley.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar que dichas transacciones configurarían el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo cual solicitaron las órdenes de aprehensión.
Sobre la irrupción de elementos de seguridad en ese campus, Ramos aclaró que nunca ha estado la Guardia Nacional y justificó la entrada de las policías auxiliar y estatal que gradualmente dijo “hemos sustituido por cuerpos de seguridad privada", para evitar otro saqueo, como ya lo ha denunciado.
“Hemos eliminado gradualmente a los miembros de la Policía Auxiliar, hoy en día hay una empresa ya de seguridad privada que fue contratada es una empresa de seguridad privada debidamente registrada ante las autoridades para llevar a cargo este tipo de actividades", aclaró Alberto Ramos.
Explicó que luego del nombramiento de la Junta de Organizaciones para la Asistencia Privada son legales sus nombramientos y por ende cumplirán con el funcionamiento del mismo.
Exrector se defiende
En sus redes sociales, Derbez Bautista denunció que hay una campaña de mentiras contra la casa de estudios y alertó del riesgo de falta de pagos a empleados, proveedores e impuestos, entre otros.
El excanciller rechazó la publicación de textos donde lo señalan de intentar aprovecharse de contratos de la universidad y acusó que hay un personaje detrás de la "campaña de mentiras".
En opinión de Derbez, la acción legal del nuevo patronato estuvo irregular por lo que espera que se pueda entablar diálogo, además de que no hay un desvío de recursos a través de la organización que hay en Ciudad de México, misma que se encuentra legalmente registrada.
Derbez aseguró que las cuentas pueden cotejarse en las diferentes instituciones bancarias, y que ahora está en riesgo el pago a proveedores y a los trabajadores, pues esas cuentas ya están congeladas por órdenes de un juez.
Aseguró que la constitución de la Sociedad UDLAP Jenkins Graduate School, se llevó a cabo de forma legal en la Notaría Pública 2, con el documento 78454 y asentada en la Ciudad de México.
Aseguró que ante el bloqueo de las cuentas bancarias de la UDLAP por parte del nuevo patronato advierte que está en riesgo el pago de nómina de la siguiente quincena, pago a proveedores y prestaciones por un monto de 56.5 millones de pesos.
En tanto la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), expresó su solidaridad con la comunidad académica de la UDLAP y su rechazo a la irrupción de fuerzas de seguridad durante la toma de instalaciones y desalojo de su comunidad.
La asociación llamó a las partes involucradas en el conflicto a ceñirse al estado de derecho que debe prevalecer en una sociedad democrática donde se respeta la dignidad de las personas y las instituciones.
El pasado 29 de junio, el juzgado segundo de lo civil solicitó una orden de desalojo a la casa de estudios, donde elementos de la Policía Estatal resguardaron la institución, ahora custodiada por Policía Auxiliar y privada.
