Para contribuir a una óptima relación entre el ingreso y el gasto, el Gobierno del Estado ha establecido una política fiscal sólida, que le ha permitido no contratar deuda y gastar con responsabilidad y de manera transparente los recursos disponibles, sostuvo la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro.
Al comparecer de manera virtual ante la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado, señaló que el Gobierno del Estado enfrenta obligaciones de pago a largo plazo por 48 mil 290.6 millones de pesos, contraídos en administraciones anteriores, que incluyen deuda pública directa y contingente, PPS y la plataforma de Audi, el CIS, el Museo Internacional del Barroco y la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Apuntó que, para combatir la impunidad, se impulsó la prevención y detección de conductas que pudieran constituir delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita; por lo que se han presentado 12 denuncias por un monto de mil 259.3 millones de pesos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la FGE, lo anterior como resultado de la investigación de 166 personas físicas y morales, identificando probables delitos fiscales e irregularidades que ascendieron a 2 mil 766 millones 836 mil pesos.
Ascendieron a más de 98 mmdp los ingresos totales
Derivado de las políticas implementadas durante 2020, los ingresos totales del gobierno estatal ascendieron a 98 mil 903 millones 813 mil pesos, cantidad superior a lo recaudado el año anterior en 3 mil 388 millones 662 mil pesos, precisó la funcionaria, quien, por otro lado, dio a conocer que la dependencia emitió 130 mil 512 requerimientos por la falta de pago de alguna contribución estatal o federal, para incrementar la percepción de riesgo ante el incumplimiento de los contribuyentes.
Por otra parte, en lo que se refiere a las contribuciones estatales, se concluyeron 3 mil 530 auditorías, lo que derivó en la corrección fiscal de mil 406 contribuyentes; estas auditorías se realizaron principalmente en los municipios de Puebla, Cuautlancingo, Coronango, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc y Tehuacán, dirigidas a los siguientes sectores económicos: industrias manufactureras, construcción, comercio, restaurantes y hoteles, por mencionar algunos, dijo.
Fueron embargados 49.8 mdp de mercancía ilegal
Informó que, para impedir el trasiego de mercancías peligrosas o ilegales, la dependencia reforzó la vigilancia de la entrada de mercancías y vehículos de origen y/o procedencia extranjera al estado. En ese sentido, apuntó que, a través de las estrategias de verificación en materia de comercio exterior, se ejecutaron 253 actos en materia fiscal y aduanera, lo que derivó en el embargo de mercancía ilegal con un valor comercial de 49 millones 888 mil pesos.
Más de 743 mil automovilistas, al corriente de sus pagos vehiculares
Puntualizó que el año pasado el gobierno estatal continuó absorbiendo el costo del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, siempre y cuando los contribuyentes se encontraran al corriente con sus obligaciones y pagaran el Control Vehicular antes del plazo establecido, con lo que se benefició a los propietarios de 707 mil 829 vehículos y se generó un ahorro para los contribuyentes de mil 649 millones 256 mil pesos, permitiendo que 743 mil 306 unidades se encuentren al corriente en sus pagos.
Por otro lado, Castro Corro dijo que se emitieron 151 mil 984 licencias en todas sus modalidades, de las cuales 140 mil 488 corresponden a servicio particular y 11 mil 406 de servicio público mercantil. Adicionalmente, para la obtención de una nueva licencia, se efectuaron 61 mil 323 exámenes médicos, teóricos y toxicológicos; de estos exámenes, 49 mil 620 fueron aplicados a hombres y 11 mil 703 a mujeres.
Por último, afirmó que la administración estatal diseñó y puso en práctica un nuevo modelo de gobierno que prioriza la atención a la ciudadanía, con la finalidad de contribuir a una gestión eficaz en la administración y ejercicio de los recursos públicos, que garantice la transparencia en su actuar, la eficiencia en la gestión gubernamental y con una perspectiva de género.
