Con 94 votos a favor, el Senado amplió el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, generando críticas de la oposición por posibles afectaciones a derechos humanos y presunción de inocencia.
El pleno del Senado aprobó reformas al artículo 19 de la Constitución, incorporando la prisión preventiva oficiosa (PPO) para delitos de extorsión, uso de comprobantes fiscales falsos y tráfico de fentanilo. El decreto fue enviado a los congresos locales para su ratificación.
Legisladores de Morena defendieron que estas medidas buscan frenar delitos que generan pobreza y miedo, mientras que la oposición advirtió que afectan derechos fundamentales. Marko Cortés (PAN) aseguró que la PPO podría ser usada para persecuciones políticas, mientras Claudia Anaya (PRI) recordó que organismos internacionales han señalado la necesidad de limitarla.
Movimiento Ciudadano calificó la reforma como una herramienta que convierte la prisión en una sentencia anticipada para los sectores más vulnerables. Morena destacó que la medida busca proteger a las víctimas y garantizar justicia.