En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, expuso los casos de Mario Marín Torres y Javier López Zavala como ejemplos de cómo jueces federales han beneficiado a personajes políticos acusados de delitos graves. Estos casos forman parte de un listado más amplio en el que se documentan cambios en medidas cautelares que han permitido a procesados llevar sus juicios en prisión domiciliaria o bajo condiciones más favorables, incluso fines de semana, cuando la vigilancia judicial es más laxa.
Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, fue vinculado a proceso por su participación en la tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005, tras denunciar una red de pederastia. En su caso, la juez federal Angélica de Carmen Orduño Suárez le permitió continuar su proceso en prisión domiciliaria, lo que generó fuertes críticas por tratarse de un delito que atenta contra los derechos humanos. El beneficio otorgado a Marín es parte de las decisiones judiciales cuestionadas por la Secretaría de Seguridad, que apuntan a la falta de justicia en el Poder Judicial.
Javier López Zavala, exsecretario de Gobernación de Puebla y excandidato a la gubernatura, está siendo procesado por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, asesinada en mayo de 2022. Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 6° Circuito le concedieron un amparo que permitió controvertir la negativa de un juez anterior a cancelar el proceso judicial. Este cambio judicial es visto como un intento de eludir las responsabilidades legales en un caso de gran relevancia, lo que ha incrementado la presión pública para que se haga justicia.
En la conferencia, Rosa Icela Rodríguez subrayó que estos beneficios otorgados a exfuncionarios no son casos aislados. Ejemplos adicionales incluyen el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, vinculado a la red de corrupción de Odebrecht, quien también recibió un cambio en sus medidas cautelares que le permitió regresar a su casa con un brazalete electrónico. Asimismo, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de peculado y asociación delictuosa, logró cambiar su prisión preventiva por arresto domiciliario, lo que le ha permitido enfrentar su proceso legal desde su hogar.
A fin de exhibir los casos de delincuentes que han sido beneficiados por el #PoderJudicial, la titular de @SSPCMexico @rosaicela_ compartió los amparos o cambios de medidas cautelares en favor de Mario Marín Torres y Javier López Zavala Vía: @jaimecomunidad3 @armentapuebla_ pic.twitter.com/FTZwdejmQT
— ContraMascaras (@contramascaras) September 10, 2024
El contexto de estas resoluciones ha sido marcado por la preocupación de la Secretaría de Seguridad respecto al desempeño del Poder Judicial, especialmente en casos que involucran corrupción o delitos graves. Rodríguez denunció que las liberaciones o cambios en medidas cautelares suelen ocurrir durante los fines de semana, cuando las autoridades tienen menos capacidad de supervisar las decisiones judiciales. Esto, señaló, es una táctica para "sorprender a las autoridades" y permitir que los acusados evadan las consecuencias de sus actos.
Entre los otros casos de liberaciones señaladas se encuentran varios presuntos criminales de alto perfil, como José Eliseo “N”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, y Angélica “N”, con lazos familiares en el Cártel de Santa Rosa de Lima, quienes también fueron beneficiados por jueces federales. Las críticas de la titular de la SSPC se centraron en la falta de consideración por las víctimas de estos delitos, ya que, según afirmó, las decisiones judiciales no toman en cuenta el sufrimiento y el daño causado.
Al cerrar su intervención, Rosa Icela Rodríguez resaltó la urgencia de una reforma judicial que frene este tipo de prácticas y garantice que los acusados de delitos graves enfrenten procesos justos y sin privilegios. Los casos de Mario Marín y Javier López Zavala, dijo, son ejemplos de cómo el sistema judicial puede fallar en hacer justicia, cuando las resoluciones benefician a los perpetradores en lugar de proteger a las víctimas.
