Edmundo González Urrutia, principal líder opositor de Venezuela y rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, abandonó el país tras solicitar asilo en España, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Informó que González se había refugiado en la embajada española en Caracas, donde solicitó asilo tras desaparecer de la vida pública el 30 de julio, al denunciar un fraude electoral.
Rodríguez explicó que el gobierno de Venezuela otorgó un salvoconducto para su salida "en aras de la paz política", después de mantener conversaciones con el gobierno español.
González, requerido por la justicia, enfrenta cargos de "conspiración", "usurpación de funciones", "instigación a la rebelión" y "sabotaje", relacionados con la difusión de actas electorales que, según la oposición, lo posicionaban como ganador con más de 60 por ciento de los votos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro ganador de un tercer mandato, alegando que un ataque cibernético impidió la publicación del escrutinio mesa por mesa. La oposición, encabezada por María Corina Machado, sostiene que el resultado oficial fue manipulado y presentó una plataforma digital con pruebas de la victoria de González Urrutia.
La proclamación de Maduro desató una serie de protestas a nivel nacional que, hasta el momento, han dejado 27 muertos, 192 heridos y 2 mil 400 detenidos, entre ellos más de un centenar de menores de edad. Aunque 86 adolescentes han sido liberados bajo medidas cautelares, la situación en el país sigue siendo tensa.
Maduro ha culpado tanto a González Urrutia como a Machado por la violencia desatada en el país, exigiendo su encarcelamiento. Sin embargo, la salida de González rumbo a España podría ser vista como una maniobra del gobierno para disminuir la presión política y diplomática.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó a través de su cuenta en X, antes conocida como Twitter, que González Urrutia fue trasladado en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. En su mensaje, Albares reafirmó el compromiso del gobierno español con la protección de los derechos políticos y la seguridad de los venezolanos, especialmente de sus líderes opositores.