Alberto Ibarrola Oyón
Escritor y colaborador de la Asociación Navarra para la Salud Psíquica
Las víctimas de bullying, también en la Comunidad foral de Navarra, han sido desatendidas por los centros educativos y las instituciones públicas, y abocadas al infierno de la droga y de la marginalidad. Inevitablemente, muchas de ellas han acabado padeciendo problemas de salud mental. En psiquiatría trabajan con esta hipótesis: cuando un niño, adolescente o joven se queja de haber sufrido malos tratos, en principio se lo está inventando.
Esto ha propiciado que muchas personas, al llegar a edad adulta, sean mal diagnosticadas y se achaquen sus problemas con las drogas a deficiencias de carácter, negándose rotundamente a tratar sus traumas, conflictos y dolencias reales, con lo que las han destinado a la exclusión social y a la marginalidad, pues la sociedad no es benigna con este tipo de individuos.
Uno de los prejuicios más resistentes al paso del tiempo y a multitud de evidencias consiste en designar a las personas con problemas de salud mental como seres despiadados y sin conciencia. Sin embargo, el porcentaje de crímenes que cometen se asemeja al de las que no los padecen. Nadie piensa que los asesinatos machistas, los atentados terroristas, la violencia política y religiosa y, por otro lado, los delitos cometidos por motivos económicos sean perpetrados por enfermos mentales (aunque se utilice la expresión, no se hace stricto sensu).
Tal vez sea una característica propia cierto rasgo espeluznante en algunos casos, pero está demostrado que aquellos no son más violentos que el resto. Pese a que este dato es totalmente constatable y lo señalan todos los indicadores y baremos, el trato que se les ha brindado no ha sido ni mucho menos el adecuado, tampoco en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, donde se han consumado mil atropellos e injusticias durante el periodo democrático. Con los enfermos mentales, no se respetan los DDHH.
En la década de los 80 del siglo XX, un gobierno socialista decretó la conocida como Ley de Puertas Abiertas, conque las personas con problemas de salud mental dejaron de estar recluidas en psiquiátricos para procurar su sociabilización y su integración social. Esta ley, cuestionada por el sector más conservador de la sociedad, no impidió otras muchas tropelías contra estos seres humanos.
Así, tenemos que en la década de los 90, en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se seguían aplicando electroshocks de forma sistemática, por ejemplo, a personas cuyos problemas partían de haber sufrido bullying, malos tratos, acosos y abusos en la infancia y adolescencia, o asimismo a quienes habían sufrido la terrible presión abertzale, o a quienes, tal vez mientras cumplían el servicio militar obligatorio, sus síntomas por diferentes factores se habían agudizado y padecían en Pamplona el acoso y el aislamiento provocado por la presión de los grupos afines al movimiento de la insumisión a la mili, adscrito a la izquierda radical.
Del mismo modo, hemos asistido a una orgía del gasto farmacéutico motivado por los intereses comerciales de las empresas farmacéuticas privadas, que regalaban viajes y estancias en el extranjero a los psiquiatras y a otros sanitarios para supuestamente informarles de las características de tales o cuales medicamentos más o menos novedosos, pero siempre muy caros.
Consecuentemente, en los Centros de Salud Mental se han negado con rotundidad a aplicar terapias conversacionales a pacientes con patologías diversas, bajo el recurrente lema de “que se tomen la medicación y punto”. Los ingresos hospitalarios por el procedimiento de urgencia (detención de la policía especializada sin una vista judicial previa) han sido una constante, para individuos que no habían manifestado ninguna agresividad inclusive.
La reducción violenta y el amarre forzoso han sido recursos empleados sin más miramientos. Cualquier método ha sido válido, excepto entablar un diálogo resolutivo y fructífero. Y si este se ha llegado a producir, no se ha dado crédito a lo que estas personas han narrado. Irónicamente, han sido la crisis económica, la desorbitada deuda pública y el gasto farmacéutico excesivo lo que ha favorecido su reivindicación de que no las atiborren a pastillas y el motivo de la potenciación de los tratamientos conversacionales.
