Alberto Ibarrola Oyón
Escritor
Durante el Bienio Negro (octubre de 1933-febrero de 1936) ocupó el Gobierno del Estado español la derecha. Una coalición del Partido Radical Republicano, liderado por Alejandro Lerrroux, y la CEDA de Gil Robles, el partido más votado, gobernaba el país con rasgos autoritarios. La CEDA, aunque aceptaba la legalidad republicana como accidentalista, era un partido monárquico y por ese motivo su inclusión en el Consejo de ministros provocó una grave crisis.
Posteriormente, se sumaría al golpe de Estado contra el Frente Popular. A la vez, se trataba de un partido declaradamente católico, por lo que su líder profería discursos apocalípticos y exabruptos continuos desde la tribuna del Congreso a causa de los artículos laicos insertos en la CE de 1931, redactada por unas Cortes Constituyentes con una clara mayoría de izquierdas.
El ministro de Agricultura, de la CEDA, considerando aprovechables ciertos aspectos de la reforma agraria iniciada durante el Bienio Reformista, de cuyo Consejo había sido presidente Manuel Azaña, decidió proseguir con algunas de las expropiaciones de tierras improductivas.
No tardaron en llegarle severas críticas, sobre todo desde su propio partido. Este ministro adujo que proyectaba una política agraria basada en las encíclicas del Papa y entonces un autorizado dirigente de la CEDA le espetó que si las encíclicas papales favorecían reformas agrarias de ese tipo, ellos se convertirían en cismáticos.
Por tanto, se paralizó cualquier tipo de solución al problema agrario español y se siguió permitiendo que las familias aristocráticas mantuviesen totalmente improductivas extensiones enormes de terreno cultivable, en tanto el campesinado padecía una miseria lacerante que entrañaba el hambre, la enfermedad y el analfabetismo, principalmente en Andalucía. Y es que las clases altas españolas siempre han sido muy católicas, hasta que se ponen en solfa sus privilegios económicos. La pela es la pela.
En la actualidad, no se perciben grandes cambios, sino que, muy al contrario, la codicia de las élites políticas de la derecha española ha protagonizado, no ya un enriquecimiento injusto que fomente las desigualdades sociales, que también, sino una lista interminable de casos de corrupción que nos hablan de una inmoralidad desconocida por la sociedad hasta hace muy poco.
Las tramas de cobro de comisiones de las empresas adjudicatarias de obras públicas saltándose todos los procedimientos legales, la ingeniería financiera o caja b del PP y los escándalos de políticos de alto rango, la compra de representantes públicos, y un sinfín de fraudes y corruptelas han creado un clima nauseabundo por el que se ha trasladado a la ciudadanía la impresión de que absolutamente nadie pueda ejercer algún cargo público por principios altruistas, cundiendo la idea de que se roba todo lo que puede, lo que incide todavía más en el aumento de la inmoralidad, como una espiral que se retroalimenta de sí misma.
Fratelli tutti, la última encíclica del papa Francisco, no refleja la ideología de ningún partido político, pero sí que disiente claramente de algunas propuestas de la derecha en torno a la economía, la globalización y el problema de la inmigración. ¿Cómo podría considerarse cristiana esa soflama ultraliberal de la avaricia es buena que tantas veces han proferido completamente dopados por tóxicos estimulantes los financieros afines a la derecha?
No me parecería razonable negar la fe de tantas personas que defienden con buena intención el orden, la cultura tradicional, la seguridad ciudadana, la iniciativa privada y otros valores democráticos, pero tampoco es legítimo que se niegue la fe de todos aquellos cristianos que ansían una sociedad donde la justicia social y la igualdad entre las personas marquen la convivencia y las relaciones económicas y laborales.
En los temas morales la Iglesia discrepa notablemente de la izquierda, es verdad. Sin embargo, el progresismo moderado no propone que se aborte, ni que se realicen operaciones de cambio de sexo, ni que se ejecute la eutanasia, ni que nadie haga de su capa un sayo, sino que defiende el principio de libertad, por el cual el Estado no estaría legitimado para decidir por el individuo sobre las cuestiones de conciencia, una diferencia de matiz realmente importante.
