Sería redituable y sanador para la imagen del oficialismo que el llamado “monstruo de Totimehuacán” -como lo ha bautizado el periodista Mario Alberto Mejía-, en alusión a la junta auxiliar de la capital poblana, en la que sienta su coto desde su gris etapa como priísta, fuera desaforado, arrestado y hasta condenado antes de la cita con las urnas.
Pero es imposible que eso ocurra, a pesar de que Morena y sus aliados son mayoría calificada en el Palacio Legislativo San Lázaro, en donde se desarrolla la declaración de procedencia para quitarle la inmunidad procesal a Huerta.
Los plazos, en este como en todos los casos, deben cumplirse y la Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos establece que, una vez que la solicitud de desafuero ha llegado a la Sección Instructora -ya la entregó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México-, ésta “deberá rendir su dictamen en un plazo de 70 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección”.
No puede haber desafuero exprés, por más que las circunstancias lo demanden o, en este caso, la conveniencia electoral.
A la vista de los hechos, las pruebas, los dichos y los datos de los medios de comunicación, se ve imposible que Huerta Corona pueda librarse de este proceso. Su vida política ha terminado.
Si no ha escapado aún o no logra esconderse perpetuamente de la justicia, su destino es la cárcel con las terribles consecuencias que las leyendas urbanas cuentan que ocurren a los acusados de este tipo de delitos de pederastia.
La Sección Instructora, entonces, entregará por ahí de finales de junio o principios de julio un dictamen, el que con toda seguridad será el de proceder a retirarle el fuero a Benjamín Saúl.
El pleno de la Cámara de Diputados se erigirá como Jurado de Procedencia y, luego en una votación que, por las características de los delitos, se suponer deberá ser unánime, quedará desaforado el poblano.
No hay que tener una bola de cristal para saberlo.
Poco o nada, sin embargo, costará políticamente a Morena este caso. Ni siquiera en el distrito 12 Federal de Puebla, por el que Huerta Corona buscaba la elección consecutiva, y en el que hasta este inicio de semana no se encontraba candidato sustituto.
Qué largos serán esos 70 días, ante la evidencia, ante lo grave de los delitos, pero, sobre todo, ante la sentencia que se dictó ya desde Palacio Nacional: “nosotros no protegemos delincuentes”.
